TEGUCIGALPA - Poco se ha avanzado en las últimas horas en Honduras.

El gobierno de facto de Roberto Micheletti quiere dar visos de normalidad, tras el golpe de estado del pasado domingo.

Pero, la unanimidad internacional en contra el derrocamiento del presidente constitucional, Manuel Zelaya, implantado por las Fuerzas Armadas de Honduras, le dificulta caminar hacia delante.

Y los opositores al golpe, que siguen manifestándose en las calles bajo la constinua vigilancia de los militares, son un constante recuerdo de las complicaciones de la crisis política que vive este país..

Micheletti tiene, evidentemente, el respaldo del Congreso y la Corte Suprema.

Pero, se le hace prácticamente imposible explicar por qué la destitución de Zelaya fue ejecutada por las tropas militares.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, ha anunciado que  llegará hoy a Tegucigalpa para reunirse con las autoridades judiciales.

Su visita, hasta el momento, no incluye una reunión con Micheletti, a quien ni la OEA ni el resto de la comunidad internacional reconocen como presidente de Honduras.

Para Insulza, la visita a Honduras cumple el propósito de intentar facilitar el retorno de Zelaya. Pero, a su vez puede ser la  última advertencia a sectores del Gobierno hondureno antes de que venza a primeras horas de mañana el término de 72 horas que dio la OEA para que se permitiera el retorno de Zelaya.

A partir del fin de semana pueden ponerse en marcha medidas hemisféricas que excluyan a Honduras temporalmente del sistema interamericano de la OEA e intenten aislar económicamente a este país centroamericano. Y esa decisión debe incluir a Estados Unidos, cuyo gobierno ha condenado el golpe y ha dejado que la OEA tome el liderato internacional en este conflicto.

Entonces, enfrentado a sanciones económicas, quizá el gobierno de Micheletti, o por lo menos los que le han apoyado, se de cuenta de que está a punto de entrar en crisis un golpe que han pretendido difuminar.

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Declaración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras:

"Las elites políticas involucraron a las Fuerzas Armadas y a la Policía para resolver mediante el uso de la fuerza un conflicto que debió ser resuelto en el ámbito político, en el marco de la ley y del respeto a los derechos de las personas, y en la observación de las garantías constitucionales. Recurrir al rompimiento del orden constitucional para dirimir un conflicto político, evidencia la debilidad de las instituciones y del Estado de Derecho; esta vía de salida ha conducido a que un conflicto de orden interno haya tomado una dimensión internacional, desde el día domingo 28 de junio, causando un enorme daño al país, de consecuencias todavía impredecibles".