Honduras se juega hoy mucho más que el retorno al país del derrocado presidente Manuel Zelaya.

El golpe de estado en su contra ha puesto sobre la mesa las fuertes divisiones entre los ricos y los pobres.

"Los pobres reaccionan a favor de Mel (Zelaya) y los ricos están con los golpistas", indicó Esther Ortiz, una doctora en Investigación que en una de las manifestaciones a favor del retorno del presidente constitucional se cubría la mitad de su cara por temor "a la represión".

Los propios industriales reconocen que inicialmente apoyaron el acercamiento del gobierno de Zelaya al grupo a la Alianza Bolivariana (ALBA) que encabeza el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En ese momento, vieron las ventajas de comprar petróleo a precios de preferencia y poco importaron las tendencias socialistas de Chávez.

Pero, todo se complicó cuando Zelaya – quien fue elegido por el Partido Liberal, de centro derecha, venciendo por pocos votos al candidato del Partido Nacionalista, plenamente conservador -, comenzó a implantar  sus propias iniciativas populistas.

En un país que es considerado el tercero más pobre del hemisferio, Zelaya duplicó el salario mínimo y aprobó un bono de verano, levantando ampollas entre los empresarios.

Después, la insistencia de Zelaya en consultar al pueblo para que decidieran si quieren reformar la Constitución, le puso de frente con su propio partido, el Congreso y al final con la Corte Suprema. Contrario, por ejemplo a Puerto Rico, donde los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo están vigentes hasta que cumplen 70 años, en Honduras las designaciones vencen cada siete años, otorgándole una mayor influencia a los partidos políticos.

Con el fin de impedir la celebración de la consulta del pasado domingo 28, que no era vinculante, todas las estructuras de gobierno, ya enfrentadas por diversas razones con Zelaya, coincidieron en que ese evento era "ilegal".

Pero, fueron las Fuerzas Armadas, a cuyo jefe Zelaya destituyó a tres días de la abortada consulta, los que ejecutaron el golpe. Más aún la propia jefatura militar se atribuye la decisión de expulsarlo del país, con la supuesta intención de evitar un "derramamiento de sangre".

El papel de los grandes medios hondureños también ha sido penoso. La norma es obviar las manifestaciones pro Zelaya. Hay canales de televisión que pasan consecuentemente, como si fueran anuncios pagados, imágenes de las manifestaciones en apoyo al gobierno de facto. Ayer se hizo lo mismo con  las declaraciones del cardenal católico Oscar Andrés Rodríguez en contra del retorno del derrocado presidente.

En la práctica han cerrado fila con los golpistas y la expulsión de un presidente elegido democráticamente sin un debido proceso de ley.

Con el golpe, el nuevo gobierno de facto ha provocado no sólo el asilamiento de Honduras de la comunidad internacional, sino que ha avivado peligrosamente las tensiones y divisiones sociales.

Hoy puede que Zelaya intente regresar al país. Pero, los presidentes latinoamericanos que le iban a acompañar, Rafael Correa (Ecuador) y Fernando Lugo (Paraguay), discutían esta misma mañana si existían las condiciones necesarias para que el derrocado presidente pueda verdaderamente estar en su país.

De todos modos, en horas de la mañana del domingo, la información extraoficial indicaba que el gobierno de facto de Micheletti no autorizaría el aterrizaje del el avión que puede transportar al presidente Zelaya. Y si aterriza, probablemente no le dejen entrar al país, a pesar de que dicen que quisieran arrestarlo para imputarle formalmente de los 18 cargos criminales que le radicaron después de haberlo sacado a la fuerza del país.

Con o sin Zelaya en el país, la crisis política y social en Honduras – aunque dentro de los centros comerciales y restaurantes sólo se perciba por el cierre temprano debido al toque de queda que ha limitado derechos constitucionales en este país-, seguirá latente.

Es una crisis que que el gobierno de facto de Honduras puede querer esconder, pero que es fácil de ver en sus calles.