Si algo parece claro – con respecto a la discusión sobre el status de Puerto Rico en Washington –. es que la Casa Blanca de Barack Obama todavía no está preparada para definir cómo va lidiar con un asunto que el propio presidente de Estados Unidos describe como "complicado y contencioso".

Han pasado siete meses desde que Obama asumió la presidencia de Estados Unidos, y aunque el debate de status nunca está en el listado de prioridades de Washington, no deja de llamar la atención que ni siquiera esté ordenado el grupo interagencial de la Casa Blanca que se encargará de asesorarle sobre el tema.

Obama acaba de indicar que su intención es formar ese grupo y asignarle tareas adicionales al asunto del status, como temas de salud, bienestar social y económicos. Así confirmó lo que fuentes de la Casa Blanca le habían adelantado a El Nuevo Día en junio pasado.

Pero, ¿podrá hacerlo a tiempo como para que el grupo se organice y presente un informe en diciembre, como establece la orden ejecutiva que ha regulado desde el final de la era de Clinton la existencia de ese task force?

¿Chocará  ese estudio interno del Ejecutivo estadounidense con el proceso que ya está en marcha en la Cámara de Representantes o tendrá el efecto de frenarlo?

¿Planifica la Casa Blanca establecer una nueva orden que no le obligue a tener listo en cinco meses un informe sobre la situación política de Puerto Rico?

Es probable que en las próximas semanas se conozcan las respuestas.

Pero, también es importante recordar que la Casa Blanca de George W. Bush tardó cinco años en publicar su primer informe sobre status y el documento – que dejó su buena cuota de críticas -, se limitó a un análisis de 10 páginas.

Cada palabra que se incluya en un posible próximo informe del task force presidencial sobre Puerto Rico se contrastará con la política pública que asumió el gobierno de Bush, que incluyó no sólo impulsar el fin del actual status político sino poner en entredicho la permanencia de la ciudadanía estadounidense bajo el Estado Libre Asociado y el arrogante comentario de que el poder del Congreso sobre Puerto Rico es tan amplio que si Estados Unidos quisiera pudiera cederle el país a otra nación.

Obama se ha expresado a favor del derecho a libre determinación de Puerto Rico y reafirmado su intención de consultar a todos los sectores de la Isla.

Durante la campaña presidencial, Obama indicó que en cualquier proceso de libre determinación – cuyos requisitos eludió definir el pasado viernes-, debe incluirse las tres alternativas de status tradicionales: estadidad, independencia y Estado Libre Asociado.

En la víspera de la primera presidencial demócrata de Puerto Rico, el verano pasado, Obama – en una columna de opinión que publicó en el El Nuevo Día – también mantuvo que cualquier proceso de status debe partir del consenso.

Ese reclamo de consenso, hecho entonces por la ‘speaker’ Nancy Pelosi, ya detuvo en la pasada sesión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el proyecto de status 900 de José Serrano y Luis Fortuño. Y no hay que ser adivino para saber que en cualquier conversación próxima con la Casa Blanca, los populares demócratas lo van a recordar.