Nuestro gobierno no acaba de comprender que la conducta no se legisla.

Recientemente, tanto el Gobernador de Puerto Rico como el Alcalde de San Juan han propuesto leyes y ordenanzas municipales que buscan limitar las horas para el expendio de bebidas alcohólicas y los espacios públicos donde se pueden ingerir las mismas. En teoría, ambas son buenas ideas. En la práctica, son casi imposibles de implantar.

Por décadas, el gobierno ha fomentado el consumo desmedido de bebidas alcohólicas. El gobierno estatal se beneficia de los impuestos y los aranceles mientras que el municipal se beneficia de las patentes y los impuestos municipales. Por décadas, la policía ha permitido que ciertas calles y avenidas se conviertan en aceras gigantescas por donde caminan borrachos y prostitutas, obstaculizando y hasta impidiendo el paso de los vehículos de motor. ¿Y ahora quieren cambiar este estado de cosas con una ley?

El liderazgo político del país debe aprender que la gente no cambia su conducta hasta que cambia sus valores. El miedo y la fuerza pueden impedir que una persona cometa un acto indebido en algún momento. Sin embargo, la persona que desea hacer el mal y no lo hace por miedo, no ha cambiado su conducta.

Los eventos ocurridos la semana pasada en la Avenida Universidad son un mero ejemplo del caos que puede ocurrir en nuestro país si se intenta cambiar la conducta de la gente a la fuerza. Es claro que la policía se excedió en el uso de la fuerza. Pero también es claro que quienes se enfrentaron a la policía con insultos y botellazos actuaron de manera equivocada.

Una estudiante de uno de los programas graduados de la Universidad de Puerto Rico me pidió que escribiera sobre este asunto, afirmando que durante ciertas noches de la semana la Avenida Universidad es intransitable, debido a la gran cantidad de personas dedicadas al "jangueo" en plena calle. Del mismo modo, afirmó que gran parte de los patrocinadores de los "pubs" del área no son estudiantes.

En todo caso, lo ridículo de la situación es ver como un grupo de ciudadanos resisten la autoridad, practicando la desobediencia civil, en defensa de su derecho al "jangueo" (por no usar una palabra más castiza). Después de tanto tiempo, sienten que beber en las calles obstaculizando el tránsito es un derecho constitucional.

Yo no voy a defender a la policía que tiró los gases lacrimógenos ni a la turba que les gritaba "brutos". Tampoco voy a perder el tiempo criticando a quienes desean comparar este evento a sucesos ocurridos en huelgas estudiantiles motivadas por asuntos de mucho más peso.

Lo que deseo afirmar es que la moralidad no se legisla; que es imposible cambiar el alma de un pueblo con leyes estatales o municipales.

Si el gobierno en verdad desea atajar la intoxicación en público, los accidentes de tránsito provocados por conductores ebrios y el resto de los problemas sociales provocados por el consumo desmedido de bebidas alcohólicas necesita re-educar a la sociedad. Y eso requiere la colaboración de un frente amplio de organizaciones gubernamentales, cívicas y religiosas. Y eso requiere tiempo, mucho tiempo.

La gente no cambia su conducta hasta que cambia sus valores.

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