Septiembre arribó y con él, el nuevo impuesto a la propiedad inmueble, tributo  que muchos consumidores aún tratan de entender.
 Miles de contribuyentes ya han recibido sus facturas originadas por el Departamento de Hacienda, que es la  agencia encargada de cobrarlo y no el   Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
  Gran parte de la confusión emana por esto. De hecho, el personal del CRIM en todo momento hace énfasis en que no son ellos quienes están cobrando el nuevo impuesto, sino Hacienda.
 Por ende, el CRIM sigue cobrando como de costumbre su impuesto en enero y julio, mientras que Hacienda será el que cobrará el nuevo tributo en septiembre y marzo. Pero los dos impuestos se calculan a base de la información que tiene el CRIM sobre el valor de la propiedad.  
Para complicar la cosa, algunos bancos han comenzando a facturarle el nuevo impuesto de Hacienda  a aquellos clientes quienes incluyen en su pago al CRIM en las mensualidades de sus hipotecas.
Le piden  que envíe su primer pago del impuesto al banco para ellos hacer el pago a Hacienda por usted. Le indican  que luego le aumentarán la mensualidad de su hipoteca para cubrir los pagos subsiguientes del impuesto que, según la Ley 7, estará vigente por tres años o hasta que el Gobierno recaudo $690 millones, lo que ocurra primero.
  Si bien es cierto que los bancos pueden hacer esto, también usted como  contribuyente  debe saber  que tiene el derecho de  negociar con el banco para que le dejen su hipoteca inalterada,  si usted  opta por hacer el pago directo al Departamento de Hacienda.
 Mientras,  muchos consumidores pensionados también han recibido la factura, aun cuando están exentos del pago por ley. Si este es su caso, sepa que debe proveer evidencia a Hacienda para que lo exoneren.  Igual para aquellos empleados cesanteados por el gobierno mediante Ley 7, quienes también están exonerados del impuesto. 
Por otro lado, según reportamos la semana pasada,  muchas propiedades comerciales aún no han recibido las notificaciones de cuánto dinero  deberán pagar, por lo que deben indagar con Hacienda sobre el monto.
En ambos casos, tanto en las propiedades residenciales como en las comerciales, el tributo llega en el peor momento posible. En plena recesión.
Hemos hablando en este mismo espacio sobre el nefasto efecto de este impuesto en la clase asalariada. Si bien el impuesto no aplica  a los empleados cesanteados por el Gobierno, ¿Qué pasará -por ejemplo- con aquellos empleados del sector privado que se han quedado sin trabajo, que no consiguen empleo y que  ahora tendrán que pagar el nuevo tributo? ¿De dónde sacarán el dinero? 
En el caso de las propiedades comerciales, ¿qué pasará con aquellos dueños de propiedades cuyos inquilinos han  tenido que abandonar el negocio y han dejado vacante los locales porque la cosa está mala? Tendrán que pagar miles de dólares y en muchos casos millones, por espacios vacíos que no están generando ingresos.
¿No que en Puerto Rico queremos atraer nuevos inversionistas, desarrollar Alianzas Público-Privadas  y abaratar los costos de hacer negocio? El nuevo impuesto en las propiedades comerciales es totalmente contradictorio a lo que se dice querer para desarrollar nuestra economía.
La solución sigue siendo clara. Poner a pagar a los que no pagan. Tasar esas propiedades onerosas que no están tasadas y que por ende no aportan nada al CRIM. Seguir atacando la evasión contributiva en todos los frentes y mejorar la captación de instrumentos como el IVU.
Mientras se siga castigando al que cumple con la ley, Puerto Rico no despegará. Claro, es más fácil poner a pagar más a los que ya te pagan,  que irse  tras el evasor. Es como sucede en los trabajos. En muchas ocasiones se penalizan a los que más trabajan, dándole más carga.
Puerto Rico no puede seguir con esta mentalidad. Lo que se pide a  gritos la voluntad para cambiar este nocivo hábito.