Las cesantías confirmadas por el Gobierno hace una semana traen a la luz grandes preocupaciones. Nadie duda de que el Gobierno necesita mejorar dramáticamente su eficiencia y reducir su gasto. Pero  eliminar plazas y consolidar agencias no necesariamente redunda en eficiencias si no se hace adecuadamente.
Es obvio que además  de esto,  preocupa el hecho de que  con 16,970 cesantías, la tasa de desempleo en Puerto Rico se disparará. Aunque el Gobierno estima que la tasa de desempleo escalará  un 1.3% hasta 17.1%, ese dato no toma en consideración los despidos que puedan surgir en el ya lacerado sector privado. 
También consterna cómo quedarán los recaudos de Hacienda  al restarle las  aportaciones al fisco  de estos casi 17,000 trabajadores despedidos.  
Ni mencionar el efecto multiplicador que tendrán estas cesantías de empleados que  pagan hipotecas, autos, matrículas, al igual que patrocinan negocios, cafeterías y los colmados de la esquina.
 Pero también  hay que considerar que si lo que se busca es generar ahorros para subsanar la falta de efectivo y  lograr salvar el crédito de la Isla, los recortes que se hagan  tienen que ejecutarse  en áreas donde hay duplicidad o ineficiencias crasas.
En una mesa redonda que tuvimos recientemente con economistas del patio,  Francisco Catalá  opinó que,   en lo que  a recortes se refiere, se necesita un “gobierno daltónico”. Es decir, un aparato gubernamental que recorte sin mirar colores. Que reduzca grasa a base de ineficiencias  y no dejándose llevar por otras consideraciones que no sean las de aumentar la productividad.
 Pero hay que preguntarse: ¿Qué métricas se están utilizando para decidir quién se va y quién se queda en el Gobierno?
Si las cesantías se hacen sin tomar en consideración factores como duplicidad o  productividad, estaremos en aprietos más serios de los que podamos imaginar.
 La tarea no es fácil. Pero el Gobierno, que está  en función de servir al pueblo, tiene que evaluar cómo mejorar la calidad de vida de sus contribuyentes. Eso se logra mejorando los servicios, cosa que no se puede lograr si no tienes métricas para medir la productividad de tus empleados. Si no tienes los incentivos adecuados para lograr esa productividad.
Si se saca por sacar y lograr ahorros, sin realizar el debido análisis, el Gobierno podría terminar volviendo a reclutar, incurriendo en más gastos. No podemos perder de perspectiva que ya hay $1,000 millones destinados para los gastos relacionados con las cesantías bajo  la Ley 7.
Por otra parte y como crítica constructiva,  el Gobierno tiene que mejorar su estrategia de comunicación.
Una regla básica es informar a tu  público interno sobre los cambios que vas a hacer y luego informas a tu público externo.
 Cómo es posible entonces que un viernes a la 1:30 p.m. se estuviera anunciando el despido de casi 17,000 servidores públicos, cuándo muchos de ellos aún no habían recibido sus cartas de cesantía. Incluso al día de hoy, muchos no la han recibido.
Tal vez todas estas cosas se puedan tomar en consideración  a la hora de consolidar las agencias, dato que se confirmó el viernes en la conferencia de la Junta de Reconstrucción Económica y Fiscal y que supone la eliminación de unas 40 agencias para lograr sobre $250 millones en ahorros.