Yo temo que el programa de despidos implantado por el Gobierno de Puerto Rico fracasará. Sin banderías políticas, permítanme explicar por qué tengo tan poca fe en este programa.

Problemas legales: Los despidos motivarán toda una serie de desafíos legales en las cortes, tanto en el sistema puertorriqueño como en el federal. Una abogada me explicaba que la Constitución de Puerto Rico protege a los empleados públicos. Existe una cláusula que regula el servicio público, la cual indica que los puestos gubernamentales son privativos de los empleados. Es decir, si usted trabaja para una empresa privada su puesto le pertenece a la empresa, aunque usted tenga permanencia. Pero si usted tiene permanencia en un puesto gubernamental, el puesto es suyo. Ya hemos visto las primeras acciones legales y probablemente vienen muchas más. El Departamento de Justicia, que también ha reducido personal, se verá inundado de demandas. Si alguno de los juzgados favorece las acciones legales de los quejosos, podríamos ver órdenes judiciales demandando la reinstalación de los empleados despedidos a sus puestos, seguramente con pago de salario retroactivo y quizás hasta con compensación adicional por daños y perjuicios.

Malestar social: El despido masivo de empleados públicos ha aumentado el malestar social que impera en la Isla. A pesar de que la cantidad de personas despedidas en el sector privado ha sido mucho mayor, esos obreros poco ganan con piquetear o marchar contra una empresa privada que decide irse del País. Sin embargo, la situación con el servicio público es distinta. El Gobierno responde a presiones políticas, un fenómeno que apenas afecta a las empresas privadas. Dudo mucho que el Gobierno de Puerto Rico pueda aguantar meses y meses de marchas, demostraciones y quejas.

Realidad política: El malestar social mermará las oportunidades de reelección de los políticos del partido de mayoría. Si las protestas no cesan, los políticos del partido de gobierno presionarán al gobernador Luis Fortuño para dar marcha atrás a los despidos. Y ya el Primer Ejecutivo tiene bastante presión de quienes pensaban que los despidos seguirían líneas partidistas, como siempre había ocurrido en el País. Sin embargo, una cantidad considerable de personas despedidas votaron por el partido de gobierno y ahora se sienten traicionadas por el Gobernador.

Caos administrativo: El éxito del programa de reducción de gastos requiere la coordinación de varias agencias que antes trabajaban por separado. Ese es el caso de las procuradurías. Aun dando por sentado la habilidad, yo cuestiono la disposición de los empleados que queden en el Gobierno para asegurar el éxito de los nuevos programas. Es innegable que un empleado decepcionado y frustrado tiene mucha menos motivación que un empleado feliz y contento.

Opinión pública: Las críticas al Gobernador en los medios de comunicación masiva han sido brutales. Hace unos días un oyente llamó a una emisora para hablar a favor de los despidos y el comentarista cortó la llamada de mala manera. Una vez más dudo que el partido de gobierno aguante los constantes titulares negativos de la prensa escrita, radial y televisada.

Por estas cinco razones, creo que es muy probable que el programa de estabilización fiscal fracase rotundamente. El problema es que el Gobierno no tiene la solvencia necesaria para seguir sobreviviendo a base de préstamos de miles de millones de dólares anuales. La pregunta es, pues, si los bonistas le pican la “tarjeta de crédito” al Gobierno, entonces ¿qué medidas tomaría el erario para lidiar con la crisis financiera?

Fernando Martín ha propuesto un aumento a las contribuciones de las corporaciones privadas. Esta es la propuesta preferida de la izquierda del País. Sin embargo, como dice el propio Martín, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) lleva 25 años proponiendo esta acción y ninguno de los gobiernos de turno le ha hecho caso. Yo dudo, pues, que la Legislatura acoja tal recomendación. Recordemos que en la Asamblea Legislativa hay hijos e hijas de tres ex gobernadores, más decenas de líderes que responden a las disciplinas de sus partidos. Bajo estas condiciones, no creo que la Legislatura vaya a derogar la Ley de Incentivos Industriales ni a aumentar los impuestos corporativos.

Otras personas han sugerido bajar la jornada de trabajo de los empleados públicos a cuatro días, como ha hecho el Municipio de Ponce. Quizás esta sea una buena idea, aunque algunos piensan que penaliza injustamente a todos los servidores públicos. Por mi parte, yo creo que la medida no es realista. Creo que la coordinación de los nuevos itinerarios de trabajo sería una pesadilla. Además, me pregunto cuántas personas no podrían sobrevivir con el salario restante, viéndose obligadas a perder propiedades o a irse a la quiebra. Y, de todos modos, varias agencias -como el Departamento de Educación- seguirían trabajando cinco días a la semana.

La otra alternativa sería aumentar las contribuciones. Dado que el IVU ha probado ser tan difícil de captar, imagino que los impuestos serían aplicados a la gasolina, a las bebidas carbonatadas o al uso de teléfonos celulares, entre otras cosas. Esto traería más fondos al erario, pero aumentaría considerablemente la carga del ciudadano promedio y el malestar del pueblo puertorriqueño.

No sé si usted está tan desanimado como yo, pero yo no veo soluciones fáciles a la situación. Me parece que, parafraseando a Diplo, comoquiera que nos pongamos siempre tendremos que llorar.

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El Rev. Dr. Pablo A. Jiménez es el pastor de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en el Barrio Espinosa de Dorado, PR. Para contactar el Rev. Jiménez, o acceder varios de sus escritos, grabaciones de audio o vídeos, visite www.drpablojimenez.com.