La discusión sobre la cesantía de miles de empleados en el Gobierno tiene que ir mucho más allá de la controversia actual. 
Hasta ahora el debate  se ha centrado en aspectos como la posible ilegalidad de muchos de los despidos, la  atropellada manera en que se ha llevado a cabo el proceso y   su potencial impacto en la economía y en la tasa de desempleo. 
Pero el problema de empleo para Puerto Rico es mucho más grave que las cesantías anunciadas por el Gobierno. 
Y no se trata sólo de una tasa de desempleo que sobrepasa el 15%. Lo grave del caso es que la participación laboral en Puerto Rico es apenas de 36.5%. Lo grave del caso es que no se están creando plazas nuevas. Lo grave del caso es que durante los pasados 12 meses el  sector privado  ha perdido 89,000 puestos de trabajo, y muchos de los trabajadores afectados no han logrado conseguir empleo.  Lo grave es que mientras más tiempo una persona pasa desempleada, más difícil se le hace reintegrarse a la fuerza laboral.
Esto no quiere decir que las cesantías del Gobierno no son un tema de importancia. Sólo significa que el problema de  desempleo y de una  baja  participación laboral en Puerto Rico  llevan mucho tiempo con nosotros.
El Gobierno ha destinado $1,000 millones en ayudas para los empleados que saque del servicio público como parte de la Ley  7. Entre los beneficios ofrecerá vales para que las personas se readiestren, se vayan a estudiar o para que puedan  montar su propia empresa. 
Pero ¿qué pasa con las  miles de personas, tanto del sector privado como del público,  que se han quedado sin empleo  -no por la Ley 7-  y que no cuentan con recursos para readiestrarse o para montar su propia empresa?
Muchos desempleados   que no pertenecen al servicio público se  están preguntando si esos beneficios le aplicarán  a ellos. Cuando se les dice que no, cuestionan -y tal vez con razón- el porqué.    
Sé que se dice  que no hay dinero, pero el Gobierno  debería contemplar la creación de programas que ofrezcan  algún tipo de ayuda  a estas personas también. Este tipo de iniciativa se podría trabajar en alianza con el propio sector  privado, el Gobierno,  la academia y entidades sin fines de lucro, ya sea mediante la creación de talleres o redes de apoyo para el readiestramiento de personal.  
Al mismo tiempo, es vital en estos tiempos promover el desarrollo de pequeñas empresas con tal de crear oportunidades  de empleo que ni el Gobierno ni el sector privado están en posición de ofrecer ahora mismo.
Para lograr esto, no sólo se debe capacitar y readiestrar al desempleado, sino proveer acceso al financiamiento,  uno de los principales retos hoy día ante la crisis financiera.
Esto va a ser clave en la recuperación de Puerto Rico, considerando que la válvula de escape nuestra -que siempre ha sido Estados Unidos- se encuentra inmerso en sus propios problemas de desempleo.
El viernes, el antropólogo  Jorge Duany, explicó en una conferencia que el número de puertorriqueños que se muda a Estados Unidos podría aumentar a 70,000 este año, debido a la crisis económica en la Isla.  Pero lo cierto es que la situación en los estados no es, para nada, halagador. Mientras en   Estados Unidos la tasa de desempleo en agosto ascendió a 9.7%, ciudades como Detroit, por ejemplo, duplican ese número con cifras de 17.7%.
Por ende, Puerto Rico tiene que buscar solucionar su dilema  súbitamente. En ese sentido, el fortalecimiento del sector de pequeñas y medianas empresas, al igual que el readiestramiento de la fuerza laboral jugará un rol crucial en nuestro camino hacia la recuperación.