Puerto Rico enfrenta este año uno de los principales retos de su historia: Lograr crecer su economía, en momentos en que  todas las proyecciones arrojan que habrá una contracción. 
Aunque el panorama es mixto -algunos renglones dentro de las telecomunicaciones, la manufactura y el sector detallista esperan un año mejor que el anterior- el sector financiero y el de construcción siguen débiles.
Esto presenta un cuadro crítico para la Isla, debido a que es sumamente difícil que se viabilice el desarrollo sin un sector bancario fuerte que ofrezca  financiamiento. 
Pese a éste y  a los múltiples retos que enfrentará Puerto Rico durante este 2010,  la Isla se tiene que mover de manera  ágil y creativa para  desafiar los pronósticos adversos.
   Uno de los primeros pasos debe ser fortalecer la confianza del inversionista. Desde el pequeño empresario hasta las grandes multinacionales.
Para lograr esto, todas las ramas de Gobierno se tienen que poner de acuerdo para así viabilizar  un clima de inversión positivo.
El seguir creando legislación al garete en materia económica sólo abonará al detrimento de la economía local y a erosionar aún más esa confianza del consumidor. 
La semana pasada se dio a conocer una nueva medida del Senado que busca imponer un nuevo tributo de 10% a las ganancias de  toda empresa que genere más de $10 millones anuales. En el lenguaje de la medida se habla de que la misma se crea para corregir  “la desigualdad” en la responsabilidad contributiva de las empresas.
  Pero la pregunta que se debe hacer es, ¿qué van a hacer las empresas que generen, digamos $10.5 millones al año? Empresas que actualmente pagan sus contribuciones y que,  laceradas por la recesión, están haciendo de tripas corazones para  hacer sus números y mantener sus empleados.
 No estamos hablando de una multinacional. Estamos hablando de tal vez un dueño de dos gasolineras, de una farmacia, de una pequeño concesionario de autos. Estamos hablando de medianos e incluso pequeños negocios que pese a que generan más de $10 millones no son colosos con herramientas para batallar la recesión. 
Estamos hablando de empresas se enfrentan a una alza en el costo de su materia prima y de su fuerza laboral combinada con una baja en sus ventas debido al cuadro recesivo en el que estamos inmersos. 
Si se crea legislación que penalice aún más a este tipo de empresa, ¿cómo entonces podemos esperar que se creen más empleos? ¿Cómo entonces podemos esperar que sigan creciendo y expandiendo?
De hecho, ¿qué incentivo va a tener una empresa que genere, digamos $8 millones al año, para crecer y sobrepasar la cifra de los $10 millones, si va a existir un nuevo tributo para todo el que sobrepase esa cantidad?
 Estoy seguro de que medidas como estas están hechas con las mejores intenciones. Con la intención de recaudar más fondos para el erario y resolver la crisis fiscal.  Pero como dice el refrán “De buenas intenciones está empedrado el camino al infiero”.
El Gobierno necesita trabajar  en sincronía para generar medidas que realmente fomenten la confianza del inversionista. De ese empresario  pequeño, mediano y  grande que  quiere crecer y crear empleos. Ahora más que nunca Puerto Rico tiene que moverse en esa dirección, para salir del atolladero.