La decisión del Tribunal Supremo sobre la constitucionalidad de la Ley 7 nos confronta una vez más con el tema de la objetividad de la judicatura.

Como recordarán, el año pasado escribí varias columnas indicando que la hermenéutica —la ciencia que estudia la interpretación de los textos— nos enseña que la objetividad no existe. Toda persona que interpreta un texto lo hace desde su lugar social. El lector o la lectora se ubican en un lugar social dado, determinado por su género, su nivel social, su nivel educativo, su etnicidad y su lenguaje, entre muchas otras variantes. Aunque es posible que un lector o una lectora trate de comprender otros puntos de vista, mostrando empatía con otras personas, jamás se podrá desembarazar totalmente de la influencia de su lugar social.

Los intérpretes que reclaman objetividad se engañan a sí mismos. Aunque la persona crea que está siendo objetiva, en realidad su interpretación está coloreada por su trasfondo, sus valores y sus creencias. El problema es que darnos cuenta de nuestros propios prejuicios es muy difícil. Del mismo modo que no nos damos cuenta que estamos rodeados de aire, actuamos sin comprender el impacto de nuestro lugar social en nuestra conducta.

Por eso, no debe sorprenderle a nadie que el Tribunal Supremo esté tan dividido. Tampoco debe sorprendernos que sus opiniones manifiesten esa división, en ocasiones con tanta amargura. La judicatura en nuestro país está determinada por la política partidista, dado que son los políticos quienes nominan a quienes han de ocupar las posiciones más altas en nuestras cortes. Por eso, el Tribunal Supremo está dividido entre “rojos” y “azules” y sus opiniones manifiestan sus presuposiciones sociales, políticas y culturales. (Como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está dividido entre Republicanos y Demócratas).

Le exhorto a que acceda a la opinión del Tribunal Supremo sobre la Ley 7. Cuando lea la opinión mayoritaria y las disidentes, verá que todas reflejan los prejuicios políticos de sus autores y autoras. Queda claro que si el Supremo todavía estuviera dominado por personas identificadas con el Partido Popular Democrático (PPD), seguramente la Ley 7 hubiera sido declarada inconstitucional.

También debe quedar claro que la objetividad no existe, pues todo el mundo lee desde su lugar social. No nos engañemos a nosotros mismos ni engañemos a los demás.

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El Rev. Dr. Pablo A. Jiménez es el pastor de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en el Barrio Espinosa de Dorado, PR. Para contactar el Rev. Jiménez, o acceder varios de sus escritos, grabaciones de audio o vídeos, visite http://www.drpablojimenez.com