Menos de cinco años han transcurrido desde que se produjeron los despidos de miles de empleados públicos bajo la conocida Ley 7 de Emergencia Fiscal implementada bajo la pasada administración.

Desde entonces, esos exempleados del gobierno se convirtieron en una masa anónima e invisible. No porque dejaron de existir. Tampoco porque sus nombres no están escritos en papeles de alguna oficina del gobierno.

Tras hacer el ejercicio de pedirle a varias agencias de gobierno información sobre estos empleados cesanteados, todo apunta a que no se le dio seguimiento a nada sobre este tema.

Una tabla provista por el Banco Gubernamental de Fomento da cuenta de que 18,929 empleados fueron despedicos por la Ley 7 en dos fases. La primera fase consistió de empleados que voluntariamente decidieron acogerse a una ventana de retiro. De esos, hubo 2,553. A 2,237 empleados transitorios no se les renovó su contrato. Mientras que 14,139 empleados regulares del gobierno fueron despedidos en una segunda fase.

A estos últimos, se les ofreció la opción de escoger uno de los siguientes vales: $5,000 por un vale educativo, $2,500 para adiestramiento técnico o vocacional, $2,500 para ayudarlos a mudarse fuera del país, $5,000 para montar una empresa o un subsidio de 50% de su salario al ser empleado por una empresa privada.

Solo 3,853 de los cesanteados tuvo acceso a una de estas ayudas. Y hay quienes cuentan, como es el caso de Mayra González, exantropóloga del Archivo General de Puerto Rico, que la ayuda aunque solicitada nunca le llegó. Otros como Miguel Torres, recibieron un vale de $5,000 para un negocio, pero vio como la microempresa creada se le escapaba de las manos como si fuera agua.

A ninguno de ellos el gobierno dio asistencia o los monitoreó para saber cómo les iba o si necesitaban de alguna ayuda.

Peor aún, al preguntárle al gobierno por un listado oficial de todos los cesanteados, se nos dijo que no existía tal cosa. Por lo tanto, son 18,929 almas que salieron del gobierno y su paradero o su suerte se desconoce. Pasaron de los grandes titulares al anonimato aunque siguen existiendo con historias desgarradoras que dan cuenta de la depresíón, el dolor y las vicisitudes de un desempleado, y las consecuencias para su núcleo familiar.

Solo 1,258 de esos desempleados fueron reempleados por el gobierno, según la directora auxiliar del área de asesoramiento en asuntos legales de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos, Karen González Sepúlveda. Explicó que se tiene esa cifra porque la Ley 7 exigía crear un registro de los cesanteados con su nombre, el puesto, la agencia y los años de antigüedad. De ese listado, se certificaban empleados que estuviesen cualificados para puestos vacantes en agencias del gobierno.

Esa fue la consigna, que a todas luces no se cumplió: dar prioridad a los cesanteados en caso de que surgieran vacantes en el gobierno. El Departamento de Hacienda no pudo precisar cuántos empleó como parte del anuncio del exgobernador Luis Fortuño para emplear 100 cesanteados en esa agencia con el objetivo de que fiscalizaran el cobro del dinero que le corresponde al Estado.

En fin, a quién le importó o le importan esos cesanteados.

"Esto es una historia terror. Lo hicieron como historia de terror de Alfred Hitchcock donde no tiene conclusión y lo hicieron por eso mismo. No se sabe, no hay información de los cesantedos como no hay historial, nadie está pendiente. No le importó a nadie", dijo el economista, José Alameda.