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José A. Delgado

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14 de diciembre de 2014

Los bonos son cuestión de idioma

El abogado de Doral, Matthew McGill, viene de ganarle al gobierno de Puerto Rico en los tribunales de San Juan la demanda para que se le pague a la institución financiera los $229 millones que le prometió la administración de Luis Fortuño.

Ahora, creo que McGill me va a convencer. Pero, me refiero a otro caso.

Se trata de si el debate sobre bajo que leyes y normas se  deben implantar los potenciales procesos de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico, es una cuestión de idioma.

En su presentación del viernes en un foro de la Asociación de Intercambio Comercial para Mercados Emergentes (EMTA), McGill, una y otra vez, hizo claro que no le gusta eso de tener que litigar en esas cortes puertorriqueñas en que se habla en español. (‘spanish speaking courts’, las llama).

El puntillazo de su argumentación surgió cuando desde el público se le preguntó sobre la posibilidad de que la ley de quiebra criolla, la que impugna en el tribunal federal de San Juan a nombre de la firma de inversiones Blue Mountain Capital, sea declarada constitucional por un tribunal estadounidense.

Eso implicaría que los procesos de reestructuración de las corporaciones públicas – a falta de la inclusión de la Isla en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras -, tendrían que decidirse en los tribunales de Puerto Rico.

El planteamiento que se le hizo a McGill desde el público es que no es descabellado pensar que la exclusión de Puerto Rico de la ley federal de quiebras no es una prohibición para que la Isla pueda ordenar un proceso legal y judicial para reglamentar las consecuencias de la potencial insolvencia de alguna empresa pública.

“¿Quieres llevar tu demanda a las cortes puertorriqueñas y decir que la ley viola normas de Puerto Rico?…Tuve una buena experiencia en las cortes en que se habla en español en Puerto Rico, pero es un caso difícil”, respondió McGill a quien le preguntaba.

Al pedírsele que clarificara las dudas que expresaba sobre el estado de derecho y las “cortes de Puerto Rico en que se habla en español”, McGill sostuvo que era una referencia a que abogados estadounidenses que van a postular a San Juan en el tribunal estatal no están en su “propio terreno”.

McGill representa en el caso de la ley de quiebra criolla a una empresa de inversionistas estadounidenses. 

Pero, como socio del bufete Gibson, Dunn & Crutcher, también representa en los tribunales estatales de Puerto Rico a Doral Financial, que, como se sabe, ha ganado sus batallas judiciales recientes en los tribunales puertorriqueños y evidentemente hace negocios primordialmente con personas que hablan español.

Poner en duda el sistema judicial por el idioma que utiliza y el gobierno que representa, no es nuevo. Pero, normalmente se escucha desde el ámbito político. Tome el ejemplo del independentismo puertorriqueño y el tribunal federal.

Estoy inclinado a estar de acuerdo con McGill, lo que implicaría entonces – me imagino-, que tendré que estar a favor de que se utilice la ley puertorriqueña para decidir cómo reordenar las obligaciones de corporaciones como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

Quizá sí haya diferencia en litigar los potenciales casos de reestructuración de la deuda pública en los ‘spanish speaking courts’ de Puerto Rico. Allí, los residentes de la Isla -, los que han cargado con la ineficiencia de los gobernantes -, podrán entender mejor el proceso y estarán en su “propio terreno”.

(Jose.delgado@gfrmedia.com / Twitter: @JoseADelgadoEND)

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José A. Delgado

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