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Desde Washington

José A. Delgado

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19 de octubre de 2014

La parálisis

Entre las consignas y promesas partidistas sobre el status yace una realidad que los dos principales partidos prefieren eludir: a menos que surja alguna iniciativa de consenso, no se proyecta a corto plazo una mayoría en la Isla que pueda motivar a Washington a promover un cambio en el status político del país.

Terminar con el status colonial debería ser una obligación para Estados Unidos y todos nosotros, pero esperar que el gobierno estadounidense descarte el Estado Libre Asociado territorial mientras haya  un gobierno que busque volver a darle vida o un partido que pueda producir un porcentaje significativo a favor del ‘statu quo’,  es - por no descartarlo del todo-, improbable.

Como telón de fondo, está la realidad, además, de que Estados Unidos no tiene una política pública que permita darle plenos derechos a los demás territorios y Washington D.C.. 

No hay un proyecto que tenga posibilidades en este momento para convertir la capital estadounidense en el estado 51 o, por lo menos, otorgarle representación con plenos derechos en la Cámara baja federal. 

Y mientras los republicanos ven con reticencia la idea de que Washington D.C. o Puerto Rico se conviertan en un estado, por el temor, entre otras cosas, de que elijan principalmente legisladores federales identificados con los demócratas, en esta sesión legislativa ha quedado evidenciado que para los demócratas del Senado la propuesta de estadidad para los residentes de la capital federal es prioridad sobre la posibilidad de impulsar ese status para la isla.

Mientras tres demócratas coauspiciaron el proyecto estadidad sí o no del Partido Nuevo Progresista (PNP), 21 senadores demócratas se vincularon con la posibilidad de crear un nuevo estado en Washington D.C..

En Puerto Rico, los que en Washington puedan querer avanzar el debate de status se enfrentan a un país que electoralmente lleva décadas dividido casi por la mitad entre el PNP y el Partido Popular Democrático (PPD).

Ninguno tiene suficiente respaldo para convencer a Washington de que si encamina su propuesta de status, en la próxima elección podrán dar continuidad a ese proyecto.

Tome como ejemplo al sector conservador del PPD, que prefiere describirse como autonomista y considera que es posible mejorar el status actual dentro del sistema federal, es decir limitándole los poderes al Congreso sobre la isla.

El otro día, al presentar su nuevo libro, el ex gobernador Rafael Hernández Colón, hizo un llamamiento a aprovechar el lenguaje federal de status que permitiría vincular al Secretario de Justicia de Estados Unidos con el análisis de las alternativas de un nuevo plebiscito legislado en Puerto Rico. “Nos brinda la oportunidad de obtener los instrumentos y establecer las reglas del juego para optimizar nuestra  recuperación económica”, indicó Hernández Colón.

Lo que no dice, sin embargo, es cómo el PPD va a poder recobrar las claras mayorías que disfrutó hasta el plebiscito de 1967. Y cómo convencer al liderato del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de que es posible mejorar el ELA. La última vez que los escucharon, en agosto de 2013, les advirtieron que lo ideal es descartar toda opción referente al ELA  como alternativa.

Con o sin acuerdo interno en el PPD, es decir que soberanistas y conservadores logren un lenguaje de consenso, pensar que una versión de asociación a Estados Unidos obtenga una mayoría absoluta contundente en un próximo plebiscito parece un ejercicio de exagerado optimismo.

En el PNP, donde hay una fiebre por convertir el camino hacia la estadidad en un supermercado de posibles iniciativas, la idea que vuelve a tener eco es la de optar por un plan Tenesí, en referencia a la presión que hiciera ese estado a finales del siglo 18 para presionar al Congreso para que le aceptara como estado.

Dicen que van a establecer una agenda para enviar al Congreso siete legisladores federales –cabilderos que reclamen los escaños a los que tendría derecho Puerto Rico si algún día Estados Unidos acepta la idea convertir la isla en su estado 51.  

Hay quien quiere optar por la vía supuestamente fácil y proponer que inicialmente esos legisladores-cabilderos sean nombramientos del Gobernador. Esos parecen ser los que aún piensan que es posible utilizar el voto del plebiscito de 2012, en el que la estadidad obtuvo mayoría en la segunda pregunta, para ir directamente hacia la admisión de Puerto Rico como estado o alguna nueva legislación federal de status.

Si los ‘potenciales congresistas’ van a ser nombrados, se tacha la teoría de que van a Washington representando a electores. Por eso, pienso que esa idea no avanzará en el PNP.

Al hablar, sin embargo, de elegir a esos potenciales congresistas – dos senadores y cinco representantes -, nada dicen de cómo harán la redistribución electoral para elegir formalmente a esos potenciales congresistas. 

Tampoco le advierten a su militancia que en una elección se corren el riesgo de que por lo menos dos o tres de esos ‘cabilderos estadistas’ terminen siendo candidatos del PPD, que difícilmente les dejará el espacio libre en una elección. Pueden terminar, desde el poder, financiando los cabilderos de la oposición.

De todos modos, si en el gobierno de Alejandro García Padilla se imponen los defensores del ELA territorial, con toda probabilidad una nueva consulta se limite a reproducir el tranque de las últimas décadas, aunque desde la perspectiva del PPD aclarando el verdadero porcentaje que tiene la propuesta de estadidad. 

Al que le prometa un cambio de status a corto plazo, pregúntele primero quienes en Washington le han garantizado que eso va a ocurrir.  Para bailar en pareja se necesitan dos.

Y ojo, por seis décadas nada ha avanzado y un plan que solo tenga el apoyo de un partido en la Isla ha probado no ser la solución.

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José A. Delgado

Desde el verano de 2001, es el corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. Anterio...

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