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José A. Delgado

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29 de septiembre de 2014

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Quieren apretar todos los botones. 

Por eso dicen que utilizarán “todos los instrumentos y herramientas disponibles para lograr la admisión de Puerto Rico como estado”.

Pueden también haber tratado de llenar todas las bases previo a la asamblea disidente y prepararse para acomodar su agenda a un plebiscito legislado en San Juan.

Pero, de la resolución aprobada ayer en San Juan en la Junta Estatal del Partido Nuevo Progresista (PNP), que representa su nuevo plan de acción, resalta que hayan evitado amarrarse al referéndum federal estadidad sí o no que han promovido en el Congreso tras el plebiscito de noviembre de 2012.

Por vez primera desde la primavera de 2013, el PNP, como institución, abre oficialmente la puerta a un plebiscito de alternativas de status vinculante siempre y cuando todas las propuestas sean fuera de la cláusula para territorios de la Constitución de Estados Unidos y no coloniales. 

“Que mediante legislación federal a ser presentada por la Casa Blanca, sin más dilaciones ni tácticas dilatorias, el Presidente de los Estados Unidos de América disponga el mecanismo y culmine durante el presente cuatrienio la solución definitiva y permanente que saque a Puerto Rico de cualquier modalidad territorial o colonial”, indica la resolución.

Agrega que la medida debe ir dirigida a acabar con el colonialismo en Puerto Rico en o antes del 31 de mayo de 2017 y que la  “nueva consulta electoral sobre el estatus político deberá realizarse en o antes de 31 de diciembre de 2016, pero nunca el mismo día de una elección general”.

Van también hacia una campaña de recogido de 100, 000 firmas en respaldo a la estadidad. (En la consulta de noviembre de 2012, 834,191 votaron por la estadidad).

Si el presidente de Estados Unidos no toma acción en la próxima sesión del Congreso, entonces el PNP parece querer dedicarse con fuerza a una campaña de denuncia en contra del gobierno federal que consideran discrimina  y le impone a los puertorriqueños “un sistema colonial” en contra de su voluntad.

De cara al programa electoral de 2016, la Junta Estatal del PNP sugiere mecanismos de protestas e implantar “elementos parecidos” al plan Tenesí, “para elegir y enviar de manera inmediata la representación de los ciudadanos americanos de Puerto Rico al Congreso de los Estados Unidos de América”. 

La primera sorpresa es que se descarte un plebiscito el día de las elecciones, cuando eso fue exactamente lo que legisló el PNP en 2012.

La otra gran sorpresa es que la resolución no exija un referéndum estadidad sí o no, como próximo procedimiento referente al futuro político de la isla, pues tienen pendiente legislación en el Congreso a esos efectos. La resolución concilia la idea de un  plebiscito de alternativas de status, en el que la estadidad pudiera competir, por ejemplo, con la libre asociación y/o la independencia.

El informe de marzo de 2011 del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico indicó que si a corto plazo no había una resolución del debate de status, el presidente Obama debía apoyar  y el Congreso aprobar “legislación que entre en vigor automáticamente y especifique anticipadamente para el pueblo puertorriqueño un conjunto de opciones aceptables de status que Estados Unidos está comprometido políticamente a llevar a cabo en su totalidad”. 

Pero, esa promesa se transformó en lo que la Casa Blanca consideró posible aprobar en el Congreso: la asignación de $2.5 millones a la CEE y la posibilidad de vincular al Secretario de Justicia de Estados Unidos con el examen de las alternativas de status. Esa – guste o no-, fue la respuesta de la Casa Blanca y el Congreso al plebiscito de 2012.

La resolución de ayer del PNP da la impresión de no tomar en cuenta el debate en Washington de los últimos dos años. Y no alude a los proyectos presentados  en el Congreso – que han quedado engavetados – a favor de un referéndum federal estadidad sí o no.  

Parecería tener fecha del 7 de noviembre de 2012, no del 28 de septiembre de 2014.

Aunque debería, nunca el Congreso ha accedido a aprobar legislación que le comprometa de antemano a implantar los resultados de un plebiscito de alternativas de status en Puerto Rico. Muchos piensan que nunca lo hará, menos aún si no perciben que alguna alternativa de status aceptable tiene consenso en la isla.

Es un asunto interno del PNP cómo revisa su agenda y ordena sus prioridades.

Pero, lo que es claro es que un plebiscito federal de alternativas de status – aunque pudo haber sido considerado un reclamo lógico de los estadistas para aprovechar los resultados de noviembre de 2012 y muchos pensaban que era la preferencia de Pedro Pierluisi tras el plebiscito local -, no es un grito de “estadidad ahora”. 


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