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Nilsa Pietri Castellón

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11 de julio de 2014

El negocio de la salud

La salud es un derecho humano que, además, está protegido por nuestra Constitución, por lo que no debería ser siquiera tema de debate que los gobiernos tienen la obligación de proporcionar a sus ciudadanos garantías suficientes de que recibirán la atención médica que necesitan.

¿Porqué entonces se hace tan difícil en Puerto Rico seguir el ejemplo de tantos otros países que han superado las presiones de los grandes intereses y le proveen a sus ciudadanos un seguro universal de salud?

Es obvio que las aseguradoras, esos intermediarios golosos que rehúsan ceder el espacio que obtuvieron con la tarjetita de Pedro Rosselló, se están llevando no solo la tajada que les representan sus suscriptores privados o grupales, sino prácticamente todo el pote de más de $2,000 millones que el gobierno asigna para financiar la reforma de salud.

Prácticamente la mitad de la población de Puerto Rico es beneficiaria de la reforma. Son alrededor de 1,700,000 ciudadanos los que han conseguido el beneficio. El resto de la población, la otra mitad, tiene que pagar un plan privado o, si es asalariado, beneficiarse de un plan grupal.

Aún así, se estima que más de 250,000 ciudadanos carecen de plan alguno, o sea, están totalmente desprotegidos y, para recibir atención médica, tienen que pagar de su bolsillo.

Pero, habría que preguntarse si esos 1.7 millones de ciudadanos en la reforma reciben los servicios que paga el gobierno a las aseguradoras para que estas, a su vez, contrate con proveedores.

Las quejas son muchas. Y no solo de los beneficiarios del plan de salud del gobierno, sino de aquellos que tienen planes privados o grupales.

Entonces, ¿podemos decir que el gobierno está cumpliendo con su obligación constitucional de proporcionarle a sus ciudadanos los cuidados de salud que estos requieren?

La respuesta es que no. Y no hablemos de prevención, porque en ese renglón estamos en pañales. ¿Existirán estadísticas de las negativas de los planes médicos a pagar tal o cual prueba médica de diagnóstico o preventiva? ¿Cuántos pacientes se enfrentan a diario a la insensible respuesta negativa del plan médico?

Conozco muchos casos. Peor aún, conozco el caso de un paciente de cáncer cuyo oncólogo ordenó una prueba para determinar cuánto había cedido la enfermedad ante el tratamiento de quimoterapia y el plan médico privado se la negó porque era muy cara.

El seguro universal de salud no puede ser una propuesta partidista. Tiene que ser una respuesta colectiva del país al abuso de algunos, a la insensatez de otros y a la premisa equivocada de que la salud es un negocio.

Para hacerla realidad se requiere volutad política de nuestros gobernantes, que no es otra cosa que darle continuidad al proyecto independientemente de los resultados electorales de cada cuatro años.

Hasta ahora, lamentablemente, la única voluntad política ha sido la de mantener viva la reforma de Rosselló.

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Nilsa Pietri Castellón es una periodista con vasta experiencia en la cobertura y edición de noticia...

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