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Pedro Reina Pérez

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21 de marzo de 2014

En torno a la impotencia

Un debate importante se celebró recientemente en la Universidad de Harvard en torno a los casos insulares, ese conjunto de decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos entre 1901 y 1905, que legitimó el control político de Estados Unidos sobre sus nuevos territorios, e instaló la desigualdad en el trato a los nuevos sujetos políticos. Convocado por el Comité de estudios sobre etnicidad, migración y derechos humanos de la Escuela de Derecho, el coloquio contó con la presencia de notables panelistas como el juez Juan Torruella, los profesores Christina Duffy, Efrén Ramos y Carlos Gorrín Peralta, y los abogados Andrés López y Rafael Cox Alomar. (Parte del coloquio en vídeo y copia de algunas de las ponencias están disponibles en este enlace: http://aldia.microjuris.com/2014/02/06/juristas-puertorriquenos-reflexionaran-en-harvard-sobre-casos-insulares/ )

Que fuera en Harvard donde se celebrará este coloquio fue de particular significado, dado que fueran profesores de Harvard los que formularan en el entresiglos los fundamentos intelectuales y jurídicos que la Corte Suprema invocara en el conjunto de decisiones que institucionalizó el discrimen en el trato a los nuevos territorios no incorporados que, además de Puerto Rico, incluía en un principio a Filipinas y Guam, pero no así a Alaska y Hawái que eran territorios incorporados (el concepto mismo de territorio no incorporado se origina en estas decisiones.) De manera que convocar a este evento desde la casa en cuyas aulas se gestara este capítulo deshonroso de la tradición constitucional estadounidense fue oportuno, aunque el camino por hacerlas relevantes al debate público, particularmente en un Congreso harto polarizado como el actual—advirtió el profesor Rivera Ramos—sea una tarea azarosa.

Comentario aparte merece la conferencia del juez apelativo Juan Torruellas del Segundo Circuito de Boston, quien hablando en su carácter personal denunció que las decisiones de los casos insulares debían ser eliminados porque “promueven principios que son contrarios al derecho internacional y que son representativos de una época en bancarrota moral.” Torruella nunca ha sido tímido a la hora de denunciar los excesos del imperialismo estadounidense en Puerto Rico, como ha demostrado en sus libros publicados. Su ponencia reitera su postura de no callar ante lo que considera injusto, y llama a la acciones de presión concertadas desde la sociedad civil para provocar la atención necesaria. (La ponencia en vídeo del juez Torruella puede verse en este enlace: http://aldia.microjuris.com/2014/02/20/los-casos-insulares-deben-ser-erradicados-juez-torruella-ofrece-discurso-en-harvard/). 

Si en efecto el tiempo de rectificar estos errores ha llegado, según se desprende de las ponencias de Gorrín, López y Cox, entonces estamos en un momento liminal que anticipa desarrollos modestos pero prometedores en esta materia. Sin embargo, no los advierto del mismo modo en las ponencias de estos tres letrados. Lo que sí advierto es un hilo conductor que apunta a la dimensión moral como común denominador entre sus respectivas presentaciones. Rectificar el colonialismo se torno un imperativo moral para Estados Unidos—de acuerdo a estos tres panelistas—aunque los remedios cuenten con niveles muy divergentes de apoyo entre los mismos puertorriqueños. Para Gorrín, por ejemplo, la ausencia de apoyo masivo a la independencia importa menos que la reparación a un daño histórico, daño que exige un resarcimiento claro, mientras que para Cox, la timidez (o ambivalencia) del liderato autonomista sobre convocar a una asamblea constitucional es superado por la resolución que advierte entre el pueblo a reclamar opciones no coloniales y no territoriales a su condición política.

Andrés López por su parte, emplazó a Universidad de Harvard a reclamar el liderato intelectual en la revisión de estas decisiones, que redunde en un resarcimiento al menos teórico e intelectual a la negación de los derechos constitucionales, que se inspiró en el trabajo de aquellos claustrales que hace poco más de cien años dieron fundamento jurídico a las decisiones del Tribunal Supremo. Eso no es poca cosa, siendo esta escuela de derecho una de las primeras del mundo. Una, debe decirse, conectada a los grandes centros de poder en el mundo por vía de su alumnado, al que López apropiadamente pertenece (Rivera Ramos, Cox Alomar y Gorrín también). 

El segundo ángulo levantado por su ponencia, es la urgencia que la crisis económica de la isla plantea para solucionar la histórica injusticia mediante un reconocimiento al rechazo que la población hiciera a la condición territorial del ELA en la consulta de noviembre de 2012. Para ello invocó las conquistas de los derechos civiles para los negros en los años sesenta y el creciente perfil de los latinos en la política estadounidense. La combinación de ambas cosas prepararía el escenario para que el presidente Obama –un hombre mestizo que conoce la desigualdad y que nació en una isla—ejerza su liderato para resolver el dilema de una vez y por todas basado en el sólido e inequívoco imperativo moral de reparar este daño histórico que contradice la tradición política estadounidense.

A mi modo de ver, para trascender en esta hora de resoluciones habría que denunciar el doble discurso que permea lo relativo a Estados Unidos como una nación que defiende la democracia, la igualdad y la justicia en el mundo pero la niega en su propia casa. Que dice abrazar al forastero pero aplica la más feroz política migratoria. Que prestigia el sueño americano pero hace cada vez menos para detener la creciente brecha económica entre los que tienen poco y los que tienen todo. Que pregona la Constitución pero le niega su cobijo a sus propios ciudadanos. Harán falta muchos espejos para desvelar esta falsedad. Cualquier acción para romper esta paradoja deberá ser creativa y valiente. Para conseguirlo habrá que seguir conspirando.


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