Como si se tratara de un novelón de libreto barato, salió relucir la semana pasada un millonario patrón de evasión contributiva mediante el cual miles de ciudadanos asalariados reportaban menos dinero que lo que reflejaban los   formularios W-2 preparados por sus patronos.

La noticia ha dejado con la boca abierta a muchos. Por años hemos venido escuchando y criticando el hecho de que Hacienda nunca ha hecho su labor de fiscalizar adecuadamente aquellos que navegan por la economía subterránea. Entonces ahora, para colmo, sale a relucir que ni tan siquiera se está fiscalizando como Dios manda a los asalariados, que se supone que son los más fáciles de agarrar.

Hechos como estos le hacen pensar a cualquiera que todo está perdido. Pero lejos de eso, la indignación debe servir para que el sistema se mueva raudo y veloz a atacar este y otros males, que en gran medida, son los que tienen a Puerto Rico al borde de una clasificación chatarra en su nivel crediticio.

El  estudio de los evasores,  hecho por una firma externa y dado a conocer oficialmente por el Gobierno el pasado jueves, indica que entre los años contributivos del 2008 al 2011 el número de contribuyentes que pudo haber incurrido en “la mala práctica” pudo rondar los 303,000.

Sin embargo, se hace muy difícil creer que esto se trata de una práctica en la que los contribuyentes son los únicos responsables. ¿Dónde ha estado el Departamento de Hacienda durante todo este tiempo? ¿Acaso se hace tan difícil mirar una W-2 y leer que la persona generó $100,000 y luego ver que la planilla indica una cifra menor? No hombre, no!

Es difícil creer que una agencia sea tan nefasta e ineficiente como para dejar pasar un esquema a estos niveles, lo que nos hace cuestionar si más allá de ineptitud hay un grado de complicidad envuelto. Entonces Hacienda, además de moverse para recuperar ese dinero de estos contribuyentes gansos, tiene que identificar a aquellos dentro de su equipo quienes  permitieron que este patrón se diera.

Gente, esto es problema de todos. Según datos oficiales del Gobierno, tenemos un déficit presupuestario  para el año fiscal en curso de $2,157 millones.   Si las casas acreditadoras no ven que Puerto Rico actúa con celeridad y de forma agresiva en atacar este tema –que por cierto se agravará dramáticamente si no se resuelve el tema de Retiro pronto–  nos van  a  degradar a chatarra.

Y mucho se podrá decir, bueno y malo,  sobre las casas acreditadoras, pero lo cierto es que nuestro pueblo ha abusado del crédito y ahora estas casas son las que tienen el rol de pasar la  factura. Si nos degradan todo se verá afectado y todos sentiremos el impacto, desde el precio que pagaremos por un préstamo hasta la devaluación en nuestras  propiedades.

Otro elemento a mirar y escudriñar son los gastos. La administración Fortuño mediante la Ley 7  despidió empleados públicos, reconociendo la crítica situación fiscal. Lo que choca es cómo esa administración trepó para su último año fiscal los gastos en el presupuesto a $9,997 millones, con ingresos de apenas $7,840 millones.

De cara a la configuración del nuevo presupuesto, la nueva administración, sin duda, tiene el deber de mirar cómo va a ajustar los gastos del Gobierno a nuestra cruda realidad y no a la fantasía que hemos estado viviendo.