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3 de noviembre de 2013
Puerto Rico Hoy
 

Bomba de tiempo los hogares de ancianos

Las dependencias públicas a cargo de su fiscalización siguen sin los recursos suficientes para hacer su trabajo

 

Por Mildred Rivera Marrero / mrivera1@elnuevodia.com

Hay cientos de casos de asilos que no se han visitado en el periodo requerido, con lo cual se arriesga la seguridad de los residentes.(Archivo)

Acabar con la pobre fiscalización de los asilos, en los que hay miles de ancianos, parece una meta lejana por la falta de presupuesto y de personal que tienen las dependencias del Departamento de la Familia encargadas de ese trabajo.

La Oficina de Licenciamiento -encargada de licenciar y de fiscalizar esos hogares de cuidado prolongado, según la ley, al menos cada tres meses- fue una de las dependencias que más sufrió el sangrado de funcionarios que resultó de la Ley 7, la Ley 70 y los retiros incentivados. Eso, amén de que en el cuatrienio pasado hubo un entra y sale de siete directores, lo cual afectó la operación, explicó la actual directora Dennis Márquez Molina. El último se fue en agosto del 2012 y la plaza estuvo vacante hasta que la funcionaria llegó este año.

Como resultado, hay cientos de casos de asilos que no se han visitado en el periodo requerido, con lo cual se arriesga la seguridad de los residentes de esas instituciones, afirmó Márquez, quien al llegar a la oficina este año encontró casos críticos, como la región de Humacao. Esa región solo contaba con la directora porque la Ley 7 la dejó sin empleados.

Lo crítico es que esa oficina no solo debe fiscalizar el funcionamiento y seguridad del servicio de 911 instituciones de adultos mayores, sino que debe hacer lo mismo con instituciones públicas y privadas que atienden menores, incluyendo las que tienen niños para adopción.

Al día de hoy no se ha podido reponer de ese impacto, aunque se han cubierto algunas plazas con empleados trasladados de la Administración de Familias y Niños (Adfan).

Para tratar de paliar la crisis, esta administración solicitó plazas en la Oficina de Gerencia y Presupuesto y algunas se han otorgado, dijo Márquez, aunque, al cierre de esta edición no ofreció números. Pero, advirtió que esas plazas las podrían reclamar esos empleados en destaque, con lo cual, no habría más personal.

Lo mismo ocurre en la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos, que “son los que reciben las querellas de OPPEA (Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada), de ciudadanos, de anónimos y, se atienden... algún día, y ese día puede ser nunca”, lamentó Márquez. Destacó que ha habido hogares que han tenido hasta once querellas de maltrato que nunca se investigaron y a los que han llegado porque ocurrió una muerte.

“En la parte de las querellas de maltrato hay dificultades porque muchas de esas querellas no se investigan y están ahí. Es un problema de dinero y personal. El interés está y el compromiso, pero esa es la realidad”, afirmó.

En Licenciamiento “llegué a tratar de estabilizar la oficina. Eso conllevó reunirme mensualmente con los supervisores regionales y empezar a cambiar la cultura organizacional de que cada región trabajaba como podía y con su librito, y uniformar procesos. Hubo mucho personal que se fue con la Ley 7 porque los oficiales de licenciamiento se ven como puestos administrativos y sí, hacen trabajo administrativo, pero hacen trabajo en el campo también porque (su labor) tiene un componente social. Esta oficina fue una de las que más personal perdió”, dijo Márquez.

A enmendar la ley

Entre sus metas para cambiar el rumbo de la oficina, Márquez mencionó rescatar el componente social que deben tener las inspecciones de sus empleados.

“En los últimos años todo era ley y reglamento y si no está escrito aquí no se puede hacer. Mi visión, y la de la secretaria (Idalia Colón), es que tenemos que asegurarnos que lo que es planta física y reglamentación esté por el libro. Pero, nosotros no somos una oficina de permiso y papeles porque sino seríamos ARPE u Obras Públicas. Aquí hay que rescatar el aspecto social porque son personas las que están en esas estructuras. Estamos empezando a meternos en esos expedientes para asegurarnos que los trabajadores sociales hagan su trabajo”, advirtió la funcionaria.

Además de eso, Márquez trabaja enmiendas a la ley junto a la senadora Rossana López. Anticipó que podría haber cambios en la definición del hogar sustituto, que pretende que se dé un servicio en un ambiente familiar y que impone un máximo de seis personas.

“Lo vamos a revisar porque yo creo que es muy alto. Hay que ver si la persona es capaz de atender a seis personas en su casa. Yo pienso que seis es mucho para este tipo de establecimiento y por eso es algo que estamos evaluando”, adelantó.

Al preguntarle si la familia encargada de este tipo de institución podría contratar a otra personas, respondió “si te doy una licencia como un hogar es porque vas a funcionar como un hogar y no como una institución (mayor)”.

Marquéz explicó que se licencian cinco tipos de instituciones: instituciones donde viven desde 7 hasta grupos que superan las 50 personas y que se dividen por la capacidad; instituciones de cuidado parcial diurno o nocturno para un máximo de seis personas; los hogares sustitutos; los centros de actividades (conocidos como centros de envejecientes); y los centros de cuidado diurno que ofrecen servicios de salud principalmente.

Otro de los cambios programados es la composición de las instituciones con más capacidad -los llamados hogares o asilos- para especializarlos según las capacidades de sus residentes.

Si se concretan sus planes, la ley dividiría los hogares en los que tienen residentes que son funcionales y requieren cuidado mínimo, los de cuidado intermedio y los que son más frágiles y dependen de un cuidado máximo.

“Eso permite justicia para el operador. Eso mejora la oferta y demanda porque la gente que está bien puede hacer actividades que los que están en cama no pueden. (El operador) puede cuantificar el servicio a base de esos niveles y puede haber algunos más económicos porque requieren una inversión y un personal mínimo y un plan de actividades, quizás más intenso”, sostuvo Márquez.

Entre sus planes también está hacer una subcategoría para reglamentar los centros de cuidado diurno para personas con Alzheimer, de los cuales hay solo cinco en la Isla.

Esos cambios van de la mano con sus metas de capacitar el personal de esa oficina y adoptar programas que le permitan, entre otras cosas, rastrear a los operadores a los que se les han cerrado centros por violaciones de ley para evitar que abran otros en otra región de Familia, lo cual ocurre actualmente.

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