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8 de abril de 2013
7:42 p.m. Modificado: 7:49 p.m. Política
 

Cámara aprueba reforma de la Asociación de Empleados de Gobierno

Se elimina la facultad otorgada el pasado cuatrienio al gobernador y a los presidentes de Cámara y Senado para nombrar miembros de la junta directiva

 

Por Gerardo Cordero / gerardo.cordero@gfrmedia.com

Con el voto de la mayoría parlamentaria, la Cámara de Representantes aprobó hoy la nueva Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA) que elimina la facultad otorgada en el pasado cuatrienio al gobernador y a los presidentes de los cuerpos legislativos para nombrar miembros de la junta directiva de esa entidad.

Según los propulsores del Proyecto de la Cámara 899, el objetivo de la iniciativa es revertir "acciones que impactaron negativamente a esta institución" a la vez que se procura "devolver a los empleados públicos el control de su Asociación", que, de acuerdo a los representantes populares, ha estado afectada por la "intromisión político partidista".

La semana pasada, el Departamento de Justicia recomendó la aprobación del citado proyecto que deroga disposiciones de leyes que modificaron la estructura de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA), rebautizada como Asociación de los Empleados del Gobierno.

La medida reduce de 26 a 17 el número de miembros de la junta directiva de la entidad que representa a unos 200,000 socios que son empleados o exempleados del gobierno estatal, municipal o de corporaciones públicas, como parte de ajustes justificados como acciones para eliminar influencias o lealtades ajenas a los integrantes de esa organización, creada en 1921.

"A partir del año 2009 se aprobaron varias leyes cuyo efecto fue minar el aspecto representativo de los organismos directivos de la Asociación, dando paso a la inclusión en estos organismos de elementos político partidistas y de control ideológico", sostuvo el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, en una ponencia sometida la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

Como parte de las legislaciones aprobadas en el pasado cuatrienio, se aumentó el número de miembros en las juntas y se dispuso que nueve fueran nombrados, unos por el Gobernador de turno y otros por los presidentes legislativos. Esos nuevos miembros nombrados por políticos, además, mediante la Ley 188-2012, recibieron la facultad de voz y votos en la Asamblea de Delegados.

Betances en su ponencia coincidió con la exposición de motivos del proyecto al señalarse que "al alterar la composición de la Junta de Directores", la misma fue convertida en "un ente no representativo de los poderes y las facultades antes ejercidos por la Asamblea de Delegados".

Oposición categórica

Sin embargo, el actual director ejecutivo de la Asociación, Arnaldo Ortiz, se pronunció en contra de la medida por entender que reimpondría un sistema operacional "arcaico" y propiciaría efectos negativos, justo cuando, según aseguró, han logrado un ritmo de crecimiento económico, "a pesar de las difíciles circunstancias en las finanzas públicas".

"El capital de nuestros socios, que ha crecido consistentemente tras los recientes cambios en nuestra ley, podría verse como codiciado botín para muchos", dijo al repudiar la medida presentada en bloque por la mayoría parlamentaria

"Es bajo esta estabilidad institucional (de la estructura impugnada en el proyecto 899) que se logró un aumento de los activos que resultó en un dividendo histórico en 2012: la acreditación de $84.7 millones entre todos los socios", sentenció.

Ortiz opinó que "este proyecto es producto de un grupo de personas que han estado y están detrás de los fondos de la Asociación por intereses particulares. Además, planteó que sus proponentes "indujeron a error al Gobernador y a la Legislatura" al encaminar la medida.

También Ortiz rechazó los argumentos de desbalance ideológico y defendió los cambios introducidos en el pasado cuatrienio porque "permite un mejor uso de los recursos de nuestra institución" y garantiza representatividad de empleados de las tres ramas del gobierno estatal, así como de los municipios y corporaciones públicas.

Agregó que las leyes aprobadas por el gobierno de Luis Fortuño evitaron que los fondos de los socios fueran mal utilizados y recordó irregularidades en las elecciones de la asamblea de 2011, lo que generó una investigación legislativa en la cual se demostró el uso indebido de fondos para litigios y procedimientos de adjudicación de controversias.

En su presentación, Ortiz mostró estadísticas sobre los activos combinados de la Asociación y de los dividendos hasta el año fiscal 2011-2012. En las tablas sometidas a la comisión presidida por José "Conny" Varela, se evidenció un aumento en ambos renglones, al compararse con periodos fiscales previos.

Por otro lado, Ortiz dijo que "eliminar el permiso legislativo de que los empleados transitorios aporten al Fondo de Ahorro y Préstamos (de la Asociación) tendría un impacto negativo permanentemente en los ingresos", tras recalcar que "la cantidad de empleados que aportan a nuestra institución es indispensable para su salud fiscal".

La Asociación, que opera de forma similar a una cooperativa, ofrece préstamos a sus socios y se estableció para estimular el ahorro y protección de los empleados gubernamentales en caso de accidentes, enfermedad o muerte, según destaca el Proyecto 899.

La entidad se nutre principalmente del descuento compulsorio al salario mensual de empleados públicos asociados y según la legislación volverá a llamarse Asociación de Empleados del ELA, después que la administración novoprogresista legisló para eliminar la alusión al ELA del nombre utilizado por décadas.

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