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27 de abril de 2012
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Casas acreditadoras con el ojo en Puerto Rico

Las casas acreditadoras tienen el ojo puesto en Puerto Rico y podrían degradar su deuda si no se mantienen políticas de austeridad

 

Por Joanisabel González y Rafael Lama / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

Puerto Rico podría experimentar otra degradación si las casas acreditadoras perciben que el Gobierno no continuará con una política de austeridad, ahora que se ha cerrado el déficit presupuestario.

Esto complica aún más el panorama económico para Puerto Rico, considerando que el Gobierno -con una deuda pública que excede los $65,500 millones- tendrá que limitar sus inversiones en infraestructura y servicios si es que quiere evitar otra degradación.

En ese sentido, economistas entrevistados alertaron sobre medidas como las que buscan otorgar permanencia a empleados transitorios o iniciativas que carguen en demasía el presupuesto como la que busca ampliar el plan de salud a otras 50,000 personas.

Moody’s pendiente a la Isla

El reporte más reciente de la casa acreditadora Moody’s Investors Service advierte sobre una posible degradación a sobre $16,000 millones en bonos emitidos por la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Moody’s determinó revisar la clasificación ya que en marzo adoptó una nueva metodología que establece criterios más estrictos para medir la capacidad de repago de ciertos emisores estatales. Entre estos, Moody's examinará la fortaleza económica de Puerto Rico, el tipo de reserva que ha provisto para pagar los bonos y la tendencia y volatilidad que exhibe el impuesto a la venta y uso (IVU), que es la fuente de repago de Cofina. La decisión de rebajar o no la clasificación se dará en los próximos 90 días.

Como si fuera poco, en agosto Moody’s degradó la clasificación del Gobierno Central (conocida como GO), de A3 a Baa1 y le asignó una perspectiva negativa por la persistente debilidad económica de la Isla y la severa insolvencia de su plan de pensiones.

Contradicción de Fortuño

Las determinaciones recientes de Moody’s, Fitch Ratings, así como las observaciones de Standard & Poor’s suponen un contraste a las expresiones hechas ayer por el gobernador Luis Fortuño, quien en conferencia de prensa en Ponce, al ser abordado sobre si Puerto Rico se dirigía a la quiebra, contestó “por supuesto que no”.

“Y no tomen mi palabra, tomen la palabra de las casas acreditadoras... que luego de una década completa de haber tomado siete pasos negativos para Puerto Rico... le han dado las clasificaciones más altas en 35 años”, afirmó Fortuño.

Si bien es cierto que las casas acreditadoras reconocen los avances de Puerto Rico en materia fiscal y adjudican cierto grado de estabilización a la economía local, durante los pasados nueve meses, esas mismas entidades han degradado no solo la deuda del Gobierno Central, sino también aquellas de la Universidad de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica.

En ese sentido, el mensaje reciente de las casas acreditadoras parece dejar claro que la batalla por la disciplina fiscal y el desarrollo económico no ha concluido.

“Hay un nivel muy alto de deuda gubernamental en relación con la economía, debido en parte a estar financiando los déficits”, indicó el informe de Moody’s, que en agosto degradó la deuda del Gobierno Central.

“La necesidad de una reforma al Sistema de Retiro, en nuestra opinión, podría exacerbar la presión en la economía del Estado Libre Asociado y las finanzas de su presupuesto en los años venideros”, agregó Moody's.

Ayer, la analista senior de Moody’s Investors Service declinó hacer comentarios. En el caso de Standard & Poor’s, el analista Horacio Aldrete-Sánchez dijo a El Nuevo Día que ya la agencia comenzó el análisis del presupuesto recomendado para el año fiscal 2012-2013. Sin embargo, Aldrete-Sánchez dijo que no emitiría comentarios acerca de la situación de la Isla hasta tener una idea clara del alcance de la propuesta.

Aldrete-Sánchez explicó que el análisis que efectúa la firma, así como las reuniones que se efectuarían con oficiales de gobierno, es el mismo procedimiento que se realiza con otros emisores de deuda y que no necesariamente se emite algún comentario u opinión luego de ese evento.

Posible degradación

“Si hay indicios de que habrá un cambio en materia de disciplina fiscal podría haber una degradación”, dijo por su parte el economista Elías Gutiérrez, director de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico.

De acuerdo con Gutiérrez, la reducción en el déficit presupuestario por parte de la administración de Luis Fortuño y la llegada del año eleccionario parecen ser terreno fértil para que se intensifique la idea de aumentar el gasto público y continuar haciendo promesas que el país no puede costear.

En ese sentido, Gutiérrez criticó la medida de la presidenta cameral, Jennifer González, que busca otorgar permanencia a empleados transitorios y recordó que las finanzas públicas entraron en aprietos una vez se aprobó la Reforma de Salud en la década de 1990.

Esta semana, Fortuño propuso ampliar el plan de salud del gobierno a otras 50,000 personas, lo que elevaría el total de asegurados por encima de 1.6 millones.

“El que crea que podemos volver a las andadas anteriores está equivocado” sentenció el economista.

“Sería perder todo el sacrificio que se ha hecho. Se dice que lo hecho es la causa del sufrimiento y la gente se lo ha creído”, dijo Gutiérrez.

Según el economista, habida cuenta que la economía de la Isla no ha podido reactivarse con el vigor que se necesita, la próxima administración de gobierno no tendrá los recursos necesarios para asegurar la continuidad de los servicios.

El economista recordó que la crisis económica no puede atenderse cuadrando partidas financieras, pues el país ha perdido todos sus acervos: el capital productivo, la inversión y sobre todo, la riqueza de las familias, a raíz de la baja en el valor de las propiedades y de los pocos instrumentos de ahorro que posee.

“Nosotros no imprimimos dinero y lo que hemos hecho es tratar de sustituirlo llevando a la quiebra al Banco Gubernamental de Fomento”, sostuvo Gutiérrez.

Señaló que ante una eventual insolvencia, Puerto Rico tendrá que pagarle a los bonistas no solo por disposición legal sino porque esa ha sido la fuente de ingresos que se ha utilizado por décadas para cubrir la falta de productividad del país.

“La única manera de salir a flote que tiene un país con un gobierno insolvente, eso es lo que tenemos, es acumular capital en el sector privado y permitirle al sector público ir reduciendo gastos corrientes y dirigiendo sus presupuestos hacia la inversión”, señaló el economista al indicar que la degradación podría evitarse si se toman acciones contundentes en los próximos dos a tres años.

Lejos de una debacle

“Estamos lejos de la insolvencia”, dijo sin embargo, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Juan Carlos Batlle, quien aseguró que la administración del gobernador Luis Fortuño está consciente del alto nivel de endeudamiento público y ya toma medidas concretas para revertir esa tendencia.

“No veo un escenario de esa índole”, dijo Batlle cuando se le preguntó si a raíz del endeudamiento público, el país se ha quedado sin mecanismos para obtener dinero adicional.

“Hay retos, pero continuaremos trabajándolos, resolveremos problema por problema. Decir que estamos próximos a ser insolventes no es correcto”, subrayó.

De acuerdo con el presupuesto recomendado, el Gobierno ha comprometido el 12% de su margen prestatario constitucional, el nivel más alto en seis años. En el 2006, el 8.2% de la capacidad prestataria del Gobierno Central estaba comprometido. El máximo permitido es 15%.

Hasta junio del 2011, la deuda constitucional rondaba $9,681 millones, cifra que se agrega a la deuda de corporaciones públicas y municipios para totalizar sobre $65,500 millones.

Cuestionado por las razones que produjeron el alza, Batlle dijo que el país paga las consecuencias de la deuda de interés variable. Un préstamo con interés variable, significa que el pago mensual puede fluctuar de mes a mes.

“La deuda variable por ley tienes que calcularla a la tasa más alta, que es el 12% de interés”, explicó.

Batlle sostuvo que el Gobierno continuará refinanciando el resto de la deuda variable por deuda de intereses fijos. Ahora, el Gobierno tiene unos $4,000 millones en deudas de tasa variable, aproximadamente la mitad de lo que tenía hace tres años.

“Una vez terminemos de fijar toda esa deuda, (el compromiso del margen prestatario) bajaría, asumiendo un ingreso de $8,450 millones, bajaría a 11.3%.

Cero aumento a Cofina

A preguntas de El Nuevo Día acerca de la capacidad de que el Gobierno Central pueda emitir deuda adicional, Batlle sostuvo que Puerto Rico podría emitir otros $5,000 millones en deuda pagadera del Fondo General, pero reconoció que no sería prudente.

De igual forma, indicó que se descartó aumentar la partida del impuesto a la venta y uso (IVU) que el Gobierno para emitir más bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

En su lugar, Batlle sostuvo que el Gobierno necesita mantener la disciplina fiscal y que el dinero de nuevas emisiones de deuda solo puede utilizarse para “ayudar a la economía”, “Hay que asegurarse que ese dinero se pone a trabajar”, dijo Batlle al subrayar que el país tiene que aprender a vivir con los recursos que tiene, utilizándolos de la forma más eficiente posible.

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