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21 de mayo de 2012
1:24 p.m. Modificado: 2:18 p.m. Calidad de vida
 

Charlie Hernández denuncia conflicto de interés

En el proceso de privatización del aeropuerto

 

Por El Nuevo Día

El representante popular Charlie Hernández denunció hoy que las dos empresas finalistas para privatizar, mediante Alianza Público Privada (APP), el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín son subsidiarias de empresas que orientan al gobierno durante el proceso, lo que a su juicio representa un conflicto de interés. 

Las compañías finalistas son el grupo ASUR y Grupos Aeropuertos Avance. 

Según Hernández, en el caso de ASUR tiene cuatro grupos de accionistas, siendo el mayoritario Aberdeen Asset Managment. Esta empresa, según documentos en poder del legislador, es una subsidiaria de la asesora del gobierno, banco internacional Credit Suisse Securities. 

“Lo escandaloso en el caso Credt Suisse es que el mismo gobierno de Puerto Rico prohibió que Credit Suisses participara”, sostuvo. 

Añadió que “la participación de Credit Suisse y su subsidiaria está expresamente prohibida en la sección 1.8 del documento preparado por el gobierno de Fortuño titulado ‘Request for Qualifications’ para evitar conflictos de intereses con empresas que hayan asesorado al gobierno en este asunto. Sin embargo, el mismo gobierno posteriormente ignora el obvio conflicto ético y luego los certifica como finalista de un contrato de privatización de cerca de mil millones por 40 años. Ante este descarado conflicto consentido por el gobierno, esa empresa representa simultáneamente el interés público y su interés privado”.

Entretanto, comentó que de igual forma uno de los socios de Grupo Aeropuertos Avance es Macquarie Infrastructure and Real Assets, que es una de las divisiones de Macquarie Capital. Esta última empresa tiene contrato de asesoría con el gobierno para implantar la APP, denunció García Padilla.

Hernández concluyó que “el proceso de privatización del aeropuerto ha estado plagado de irregularidades desde el principio. Las empresas que el gobierno de Fortuño ha traído para que lo asesore sobre esta transacción, han terminado utilizando información confidencial del negocio para presentar sus propuestas y llevarse el contrato sobre el que están asesorando. Un gobierno limpio y transparente debería investigar eso en lugar de ocultarlo o justificarlo”. 

El Nuevo Día solicitó una reacción de la Autoridad de Puertos, pero todavía no la han ofrecido. 

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