(horizontal-x3)
La implementación del tratado de las semillas ha provocado choques entre agricultores y miembros de la industria de la semilla, pues los agricultores consideran que se están quedando al margen de los beneficios. (Archivo / GFR Media)

Roma - Estados Unidos ha sido el último país en adherirse a un tratado internacional que ha servido para facilitar el acceso a semillas básicas para la alimentación pero no para que la industria comparta los beneficios de su uso con los agricultores.

La incorporación de Washington se esperaba tras una larga tramitación que comenzó en 2002 con la firma del entonces presidente George W. Bush y, según fuentes oficiales consultadas por Efe, no se prevé un cambio de postura en la nueva era de Donald Trump.

El Gobierno ya se ha mostrado a favor de un acuerdo que “beneficiará mutuamente la agricultura estadounidense y la comunidad agrícola global”, y que supone la puerta de entrada a un sistema de intercambio de semillas al que también pasan parte de las colecciones públicas de EEUU, con más de 500,000 muestras de plantas en total.

Hasta el momento 142 Estados y la Unión Europea se han sumado al comúnmente denominado como “tratado de las semillas”, que desde su entrada en vigor en 2004 reconoce la contribución de los agricultores a la diversidad de los cultivos.

Bolivia, Chile y Argentina son algunos de los nuevos miembros que, como otros, han debido completar procesos complejos, desde consultas a comunidades hasta reformas legislativas para clarificar responsabilidades o lograr el encaje con otras normas internacionales, explica Francisco López, experto de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El tratado establece un sistema mundial para que agricultores, mejoradores de plantas y científicos puedan acceder a los materiales de 64 cultivos esenciales para la alimentación y la agricultura, promoviendo la conservación y el uso sostenible de los recursos tras la pérdida en un siglo del 75 % de la biodiversidad agrícola.

Hasta la entrada de EEUU, el sistema abarcaba más de 1.5 millones de muestras y se han transferido 3.2 millones para proyectos de mejora e investigación.

Si el acceso se ha facilitado gracias a unas normas simplificadas, lo que no se ha conseguido en la última década es otro de los fundamentos del tratado, según el cual los usuarios (como empresas) que utilicen esas semillas en la mejora de las plantas o en la biotecnología deben compartir los beneficios obtenidos con las regiones de donde proceden tales recursos.

Así lo cree el experto de la organización civil Public Eye François Meienberg, que detalla que con el sistema actual “nunca habrá pagos” ya que casi todas las variedades producidas, en vez de estar registradas como patentes y sujetas a la norma, están protegidas por un tipo especial de propiedad intelectual que exime del pago por ganancias.

“Países industrializados como los de la Unión Europea están empujando a los países en desarrollo a adoptar leyes nacionales para proteger los derechos de los mejoradores de plantas que no requieren ningún beneficio compartido con los agricultores”, agrega la investigadora Krystyna Swiderska, del Instituto Internacional de Medioambiente y Desarrollo (IIED).

A su juicio, el tratado de las semillas es un “gran marco legal vinculante a nivel internacional”, pero sus mecanismos de aplicación son “débiles” y se deja esa tarea en manos de los gobiernos, por lo que se necesitan también medios a nivel nacional para asegurar su cumplimiento.

Ante la falta de avances, los países están negociando nuevas reglas, incluso una especie de suscripción al sistema multilateral, para “obtener más recursos y de forma más predecible”, indica López.


💬Ver 0 comentarios