La crisis en el Tribunal Supremo

LUIS PABÓN ROCA:

Una de las instituciones que, con sus luces y sus sombras, mantenía una buena imagen ante el país era la Rama Judicial, o como se le llama en la calle “los tribunales”. Este cuatrienio comenzó con una controversia sobre si se justificaba su aumento a nueve jueces por el cúmulo de trabajo o si obedecía a una estrategia para asegurarle nombramientos adicionales al gobernador de turno. Independientemente de los méritos de las respectivas posturas, el país no quedó convencido de que fuera una sabia decisión.

Durante este cuatrienio hemos visto controversias públicas entre los jueces del Supremo que van desde sus funciones administrativas y cómo la mayoría quiere participar en ese tema, aunque el lenguaje constitucional no les ayude, hasta discusiones sobre ubicaciones de adornos navideños. Las discusiones han sido agresivas e incluso insultantes. Una vez más el País resultó sorprendido ante este estilo.

Recientemente parece haberse perdido todo autocontrol y ante la decisión unilateral del juez presidente de asignar un investigador ante denuncias de un alguacil, precisamente contra el propio juez presidente, la llamada nueva mayoría decide cancelar el contrato del investigador y establecer reglamentación sobre cómo llevar a cabo investigaciones. El pueblo mira perplejo y se pregunta: si así es cómo las mentes más privilegiadas de una de las más prestigiosas profesiones resuelven sus controversias, ¿cómo lo debe hacer el pueblo?

Este proceso, tan válido como pueda ser desde un punto de vista político y democrático, ¿ha ayudado a generar la confianza necesaria para que los tribunales funcionen? ¿Hace sentir al pueblo orgulloso de su Rama Judicial? ¿O sencillamente está arrastrada por el lodo en el que el pueblo ubica su Rama Legislativa y gran parte del Ejecutivo?



CARLOS DÍAZ OLIVO:

La controversia que afecta al Tribunal Supremo surge del propio seno de la Rama Judicial. Un alguacil que prestó servicios al juez presidente es quien denuncia la supuesta utilización de recursos públicos para propósitos personales del juez. Como resultado, el Senado anuncia una investigación. El juez presidente se adelanta, y ordena su propia investigación, encomendándosela a un jurista competente, pero enemigo declarado del presidente del Senado y quien se había expresado previamente sobre la controversia.

La facultad de la Legislatura para investigar las otras ramas la reconoció el juez presidente Trías Monge –nombrado por un gobernador del PPD-, cuando en 1983 autorizó al Senado controlado por el PPD a investigar al gobernador del PNP sobre los sucesos del Cerro Maravilla. Ese reconocimiento judicial, es hoy el fundamento para la investigación del Senado a la Rama judicial.

Hasta aquí, no hay nada nuevo. La controversia se complica dentro del propio Tribunal, por la investigación que inicia el juez presidente y que los jueces del ala mayoritaria, identifican como una descortesía y un ataque a ellos. De igual manera, y sin consultar al juez presidente, estos intentan limitarle su campo de acción y reclamar su autoridad.

A esta controversia se le ha querido dar matiz político partidista, y definitivamente la tiene. Pero también, lo tuvo la dispuesta entre el Senado y el Ejecutivo durante la investigación de Maravilla. La historia se olvida y tal desconocimiento se agrava por la incapacidad de respetar la dignidad de los involucrados, y perder de vista el escenario grande del País. Ésa es la gran tragedia que distingue esta controversia.

La solución reside en que los involucrados piensen en los mejores intereses del pueblo, busquen un arreglo con el que puedan trabajar en conjunto y coloquen a Puerto Rico por encima de todo.



LBR:

La clave está en lo último que señalas. ¿Qué vamos a hacer para enderezar al país? La gente está harta de acusaciones mutuas. La culpa no es huérfana, es de otro. El liderato está en resolver los problemas, no en acrecentarlos.



CDO:

De acuerdo. Necesitamos que los nueve jueces del Supremo se crezcan en sus puestos por el bien de Puerto Rico.