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5 de abril de 2012

LAS LEYES DE CABOTAJE

Por Pedro Pierluisi

El efecto de las leyes de cabotaje en la economía de Puerto Rico ha sido motivo de debate por muchos años en nuestra isla. Como parte de Estados Unidos, Puerto Rico está sujeto a la ley Jones de 1920, la cual exige que el comercio marítimo entre puertos domésticos se lleve a cabo en barcos de bandera americana. En efecto, muchas naciones tienen leyes que requieren que el comercio entre sus puertos se haga en sus barcos.

No hay duda de que las disposiciones de la Ley Jones tienen implicaciones particulares para Hawai, Alaska, Guam y Puerto Rico por sus localizaciones geográficas. La percepción pública es que las exigencias de las leyes de cabotaje encarecen los costos y afectan las economías de estos estados y territorios.

Ahora bien, es importante señalar que las leyes de cabotaje no regulan la carga marítima que es importada y exportada desde y al extranjero. En otras palabras, lo que traemos a Puerto Rico de otros países puede venir en barcos foráneos y los productos que nuestras empresas exportan al resto del mundo también pueden utilizar esos barcos.

En Puerto Rico los sectores comerciales e industriales ven la eliminación de las leyes de cabotaje como un incentivo para nuestro desarrollo económico. Sin embargo, algunos argumentan que la transportación de carga marítima entre Estados Unidos y Puerto Rico está bien servida por los barcos de bandera americana y que los alegados costos adicionales no son significativos.

Es por esto que en el ejercicio responsable de mi gestión congresional he recurrido a la Oficina de la Contraloría General de Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés) para que realice una investigación imparcial e independiente sobre los efectos de las leyes de cabotaje en la economía de Puerto Rico y la de Estados Unidos. La idea es levantar un expediente de contenido irrefutable para apoyar cualquier potencial enmienda a las leyes de cabotaje que beneficie a Puerto Rico.

De hecho, el GAO ya ha comenzado su investigación y ha contactado a múltiples organizaciones y agencias relacionadas al transporte marítimo. Oficiales del GAO visitarán próximamente a Puerto Rico y he tomado las medidas necesarias para que reciban la mayor cantidad posible de información pertinente. El GAO ha prometido que su investigación será abarcadora y que su informe estará listo, a más tardar, a principios del año próximo.

Mientras otros hablan de lo que harían, mi récord congresional demuestra acción. Por ejemplo, el pasado noviembre presenté, y la Cámara de Representantes federal aprobó, una enmienda a una de las leyes de cabotaje para autorizar que embarcaciones de bandera extranjera puedan transportar pasajeros entre puertos de Puerto Rico. El propósito de esta enmienda es incentivar nuestro turismo náutico, promoviendo la creación de nuevos empleos y mayor actividad económica en la Isla.

En el tema de las leyes de cabotaje, como en la mayoría de los asuntos que he atendido en Washington, he contado con un amplio apoyo que trasciende líneas partidistas. Estoy haciendo lo que hay que hacer. Radicar un proyecto de ley sin un análisis serio y actualizado para apoyarlo sería una estrategia fallida que perjudicaría sus probabilidades de éxito. Los que proponen eso están más interesados en politiquear que en lograr la exención que prometen.

Tan pronto el GAO publique su informe, voy a presentar y propulsar la legislación que sea necesaria para eximir a Puerto Rico de cualquier disposición de las leyes de cabotaje que esté afectando nuestro desarrollo económico.

Como en todos los demás asuntos que he atendido durante mi incumbencia, voy a actuar profesional y responsablemente. Eso es lo que me da la credibilidad para continuar obteniendo resultados positivos para Puerto Rico.

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