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Columnas

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11 de julio de 2011

UNA EUROPA DE JUECES

John O'Brennan (Escritor experto en temas europeos)

Cuando el drama financiero griego alcanza su lamentable desenlace, otra crisis asoma para el proyecto europeo -esta vez en Alemania-, comenzando con un caso ahora ante el Tribunal Constitucional de Alemania. Lejos de la enrarecida atmósfera de las cumbres de la Unión Europea (las cuales, hasta ahora, han estado configurando la respuesta de la Unión a los eventos en Grecia), otros actores institucionales han estado -y están- configurando el sistema de la UE. En particular, los tribunales han avanzado la integración europea tanto como lo han hecho los políticos.

El poderoso Tribunal de Justicia Europeo, en particular, ha sido criticado frecuentemente por utilizar el derecho europeo para disfrazar una agenda integracionista. Sin las doctrinas del Tribunal de “efecto directo” y “primacía” y sin tribunales nacionales que estén dispuestos a hacer cumplir estas doctrinas en sus propias jurisdicciones, con toda probabilidad, la UE no habría alcanzado el nivel de integración que tiene. Los tribunales nacionales podrían considerar los efectos de la integración europea sobre sus instituciones constitucionales y democráticas, afirmando o rechazando la integración que ya ha tenido lugar, o estableciendo límites a arreglos supranacionales que pudieran inmiscuirse más en la soberanía nacional.

Esto es significativo porque, en mayo de 2010, un grupo de prominentes economistas alemanes, encabezados por Joachim Starbatty, comenzaron a litigar ante el Tribunal Constitucional alemán, en el que ellos afirmaron que la ayuda de la UE a Grecia y el nuevo fondo de rescate financiero de Europa violaba el Artículo 125, la así llamada cláusula de “no rescate” de la UE. El Tribunal empezó a considerar el caso el 5 de julio. El Tribunal Constitucional de Alemania ha estado entre los más prominentes en declarar lo que considera límites apropiados para la integración de la UE, acorde con la Ley Básica (constitución) de la nación.

En una significativa cantidad de juicios trascendentes, el Tribunal ha expresado escepticismo sobre cualquier medida hacia una UE federal. En 1993, cuando el fallo sobre la ratificación del Tratado Maastricht, los jueces expresaron claras reservas sobre la dirección del proceso de integración europea. Su principal argumento fue que las deficiencias de las prácticas democráticas en el nivel de la UE requerían que la cámara baja alemana retuviera una cantidad sustancial de competencias sobre política. Por la misma razón, la competencia para decidir sobre la ulterior asignación de competencias debía permanecer como una prerrogativa del estado alemán y no podía ser transferida a la UE.

Crucialmente, el Tribunal afirmó también su autoridad para invalidar leyes europeas si los jueces encontraban que carecían de base en los tratados europeos. En otro fallo trascendental, en junio de 2009, el Tribunal condicionó la ratificación por parte de Alemania del Tratado de Lisboa a la promulgación de nueva legislación que diera a la cámara baja alemana poderes incrementados de escrutinio sobre asuntos europeos.

El Tribunal se basó en las mismas doctrinas y concepciones constitucionales de soberanía elaboradas en su juicio de Maastricht. Ahora, el tribunal en Karlsruhe tendrá que determinar si el Mecanismo de Estabilidad Europea (ESM) recién acordado por la UE, concuerda con la Ley Básica. El riesgo de que los jueces puedan fallar, diciendo que el Mecanismo es ilegal no fue de poca importancia en los esfuerzos hechos en meses recientes por la canciller Angela Merkel y el presidente Nicolas Sarkozy para vincular la UE a un marco de gobierno económico revisado y más intrusivo, originado a través de una enmienda a los tratados existentes.

El debate sobre la soberanía en Alemania y en otros estados miembros de la UE ha vuelto a intensificarse no sólo por la crisis de la deuda, sino también por una serie de fallos controvertibles del Tribunal de Justicia Europeo, más notablemente por la interpretación de éste de libertades de establecimiento y prestación de servicio articulada en sus decisiones Viking, Laval y Ruffert. El descontento dentro de Alemania con el impacto acumulativo de estas decisiones ha sido expresado abiertamente por algunos de los representantes públicos de más credibilidad de la nación. En septiembre de 2008, por ejemplo, el expresidente Roman Herzog, publicó una polémica titulada “Stop the ECJ!”. Ahí acusó a los jueces de Luxemburgo de arrogarse competencias cada vez mayores a expensas de estados miembro, y urgió al Tribunal Constitucional a invalidar varios fallos controvertibles del Tribunal de Justicia Europeo.

La andanada de Herzog resonó por toda Europa, donde, por algún tiempo, ha reinado mucha intranquilidad sobre el “activismo judicial” y sobre lo que algunos ven como una tendencia irreversible hacia el apoderamiento del Tribunal y de otras instituciones de la UE. En muchos estados miembro, las decisiones del Tribunal han producido una reacción violenta, especialmente en la izquierda, al atacar los sindicatos comerciales y movimientos el alegado celo de aquél por abanderarse con los comercios por encima de los intereses obreros. Tales argumentos fueron exhibidos exitosamente durante los referéndums de 2005 sobre el Tratado Constitucional en Francia y Holanda, y en Irlanda durante el referéndum sobre el Tratado de Lisboa.

Ciertamente, la amenaza al orden legal de la UE no se encuentra solamente por parte del Tribunal Constitucional de Alemania. En Irlanda, un fortificado gobierno de coalición impulsado por la austeridad quizás no tenga más remedio que llevar a cabo un referéndum sobre el Mecanismo de Austeridad Europea. Es prácticamente cierto que grupos escépticos hacia el euro pedirán al Tribunal Supremo de Irlanda que falle sobre la constitucionalidad del Mecanismo.

El gobierno irlandés ha dicho enfáticamente que cualesquiera enmiendas al Tratado de Lisboa relacionadas con las reformas en la eurozona no requerirán un referéndum. Su razonamiento parece ser de que los cambios propuestos no son suficientes para lo que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que el Mecanismo no altera el alcance o los objetivos esenciales de la UE. Si el Tribunal Supremo de Irlanda fuera a decidir que el Mecanismo requiere el consenso popular, la UE se enfrentaría a la perspectiva de otro referéndum irlandés sobre Europa.

Así, Irlanda podría tener todavía una parte tan significativa como Alemania en determinar el futuro de cualesquiera enmiendas al orden constitucional de la UE, al desempeñar el más alto tribunal de cada nación un papel tan importante como los políticos en la configuración del futuro de Europa.

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