28-Marzo-2008 | EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA

Un momento de prudencia y valor

Este es un momento triste para Puerto Rico, uno de ésos que en nada nos dan orgullo y que presentan en precario nuestros valores. Pero la radicación de cargos federales de corrupción política contra el gobernador Aníbal Acevedo Vila y otras 12 personas vinculadas a sus campañas, no sólo sumerge al País en la consternación, sino que lo coloca ante una de las pruebas más duras de su historia.

La gravedad de los cargos presentados y el hecho sin precedente de que el principal imputado es nuestra máxima figura de autoridad ejecutiva, demandan de todos una enorme dosis de prudencia y ecuanimidad.

No es menos lo que se espera, si partimos de que la investigación de más de dos años sobre donativos destapó supuestos delitos de conspiración para violar la Ley Federal de Campañas Electorales; de radicación de informes falsos a la Comisión Federal de Elecciones; de transferencia fraudulenta de fondos por la vía electrónica; de falsos testimonios al FBI y, entre otros, de conspiración para defraudar al Servicio de Rentas Internas estadounidense.

La respuesta a esto reclama mucha cautela y confianza en que la Justicia rendirá su fallo definitivo guiada sólo por el derecho y la razón. Y debe evitarse una tormenta de comentarios inflamatorios, acusaciones desde la tribuna, ventajismo político y especulaciones que en nada ayudan a la verdad. Lo que se requiere ahora es el buen juicio de quienes tienen alguna encomienda de poder público, para que el Gobierno no se detenga. Para que el País no pierda su brújula, lo que sólo podría ocurrir si el revanchismo o la venganza se convierten en la pauta del discurso público.

El aparato gubernamental estadounidense está funcionando porque, en momentos cruciales en la década de 1970 con el escándalo Watergate, Estados Unidos se unió para curar las heridas dejadas por aquellas circunstancias tan trágicas para sus instituciones.

Nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar la continuidad. Este acontecimiento, este procesamiento judicial que se emprende hoy, no debe representar la paralización del País. No se trata de la suspensión de las instituciones. Sobre las personas que las dirigen sigue inalterable la misión de atender, entre otros tantos asuntos, la educación, la salud, el desarrollo económico o la seguridad.

El momento es difícil, pero representa una oportunidad para que nuestro pueblo se pruebe en un proceso que debe estar orientado por los principios constitucionales básicos de la presunción de inocencia y por la expectativa democrática de procedimientos serios y objetivos.

Ni los adeptos del Gobernador, ni el Gobernador mismo, hacen bien endilgándole motivaciones políticas a la investigación dirigida a sus campañas electorales. Tampoco los adversarios le harían bien al País obstaculizando el entendimiento público con el desenfreno verbal y “sentenciando” a priori al Gobernador sin siquiera conocer las interioridades que sólo aflorarán en el debido proceso en los tribunales.

Todos los sectores políticos, tanto pro gobierno como de oposición, deben entender que las pasiones y las actitudes no pueden llevarse enredada nuestra gran tradición democrática y constitucional.

Una tradición que se ha expresado en el respeto al sistema judicial, tanto federal como estatal, que nos cobija.

No actuar a la altura que se espera sería un acto de lesa patria, condenable por todos los puertorriqueños.

Quien actúe como corresponde en estas circunstancias, mostrará su carácter, su patriotismo y su compromiso con nuestra democracia.

Démosles el espacio a los acusados, a su defensa legal y a los fiscales para que marche normal el litigio que provee la ley.

Dejemos que el sistema funcione.