Con el comienzo de la semana y al retomar su agenda como gobernador, Aníbal Acevedo Vilá haría bien en abandonar la retórica política cuando hable públicamente sobre el procesamiento criminal federal al que se enfrenta.
Seguir atribuyéndole al caso federal una motivación política es pretender desviar la atención pública de los 19 cargos federales que se le radicaron la semana pasada, relacionados con donativos y transacciones supuestamente ilegales en el marco de sus campañas electorales.
Insistimos, como en otros términos lo dijimos en el editorial del sábado pasado, que no se trata de un tema de “coloniaje judicial”, como pretende hacer ver Acevedo Vilá.
En la corte, el Gobernador y sus abogados tendrán que defender su inocencia con los argumentos de ley.
Como a cualquier otro ciudadano, al Primer Ejecutivo le asiste el derecho a una legítima defensa, utilizando para ello todos aquellos recursos que entienda prudentes y estén a su haber. En ello debe el Gobernador concentrarse.
Pero en la corte de la opinión pública lo que no es prudente es que el Primer Mandatario siga proyectándose como la víctima de una persecución política. Acevedo Vilá debería reconocer la magnitud de los cargos que enfrenta y asegurar su inocencia -no proyectándose como un perseguido- sino como el Gobernador que rebatirá una por una las acusaciones en su contra.
La estrategia de proyectarse como el perseguido le habrá dado resultado en las primeras horas de la emisión de las órdenes de arresto contra él y otras doce personas; pero ya viene siendo hora de que Acevedo Vilá le hable de frente al País, asumiendo el comportamiento que le corresponde.
El Gobernador debe darse el espacio necesario para, a la vez que reconoce esa gravedad de los cargos criminales, ponderar cómo es que mejor puede proteger el prestigio de las instituciones a las que solemnemente juró defender.
En ese proceso de reflexión, el Gobernador debe hacer un examen concienzudo y honesto sobre la forma en que se ocupará de su defensa, al tiempo que toma con responsabilidad sus cotidianas decisiones políticas y de gobierno.
El prestigio de las instituciones que componen nuestro ordenamiento democrático está por encima de cualquier persona que esté a su mando. Es nuestra esperanza que al final de su introspección, el Gobernador reconozca que su defensa no puede ser a costa del desprestigio de éstas, especialmente la Rama Judicial, sea la federal o la estatal.
En este momento en que es tanto lo que está en juego para Puerto Rico, es imprescindible que Aníbal Acevedo Vilá trascienda al estratega político y se convierta en el Jefe de Estado quien -aun bajo procesamiento judicial- defiende la institucionalidad del Estado, no presentándose como víctima de él, sino valiéndose de los procedimientos y mecanismos que el mismo provee para, como cualquier otro ciudadano, sostener su inocencia.
Sabemos que a todos nos asiste la presunción de inocencia, pero la misma se defiende con hechos y evidencias, no con retórica.
En el comienzo de esta semana, recomendamos al Gobernador que permita en el proceso que sea la prueba la que hable por sí misma, que deje a un lado el discurso de perseguido y que, ante el caso que enfrenta, asuma su defensa con responsabilidad y entereza.