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Editorial de El Nuevo Día |
El caso de una maestra de un colegio de Aguadilla acusada de agresión sexual contra un estudiante, tiene que ser resuelto en un proceso judicial libre de consideración sexista y de cualquier justificación de índole social.
El caso de una maestra de un colegio de Aguadilla acusada de agresión sexual contra un estudiante, tiene que ser resuelto en un proceso judicial libre de consideración sexista y de cualquier justificación de índole social.
Lo esencial en este lamentable caso, en el que la maestra Alma Cintrón, de 33 años, es acusada de abusar sexualmente de un jovencito de 14, es precisamente que se trata de eso, de que quien figura como presunta víctima es un menor de edad.
Pero no sólo eso. De comprobarse los hechos, podría tratarse del caso en que una docente, una figura de autoridad tanto moral como real, toma ventaja ilícita con sus iniciativas sexuales de un muchacho encomendado a su custodia.
Aunque pueda argumentarse sobre la capacidad creciente de los jóvenes para tomar decisiones, nuestro ordenamiento jurídico, que recoge nuestros valores y aspiraciones como pueblo, no le reconocen a los menores la capacidad de poder discernir en los asuntos que atañen a su seguridad y bienestar durante las etapas formativas de la niñez y adolescencia.
Esa es una responsabilidad que por costumbre y por ley recae en forma directa sobre los padres y que es delegada en cuidadores y maestros.
Toca a los adultos, y sólo a ellos, ejercer el control sobre sus acciones en protección de los menores. Y hay que recordar también que en lo que respecta a las relaciones tipificadas como ilícitas entre un adulto y un menor, no hay ni debe haber distinción entre varones o hembras a la hora de fijar responsabilidades.
En el caso de la maestra de Aguadilla, los pormenores de la investigación que han salido a la luz apuntan a que no se trata de enamoramiento a lo adivino. Fue precisamente la conducta de la maestra hacia el estudiante la que llevó a los padres del menor a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo.
En este punto vale la pena destacar el papel de los padres, que identificaron las señales de alerta y promovieron la investigación.
En un claro acto de responsabilidad y de velar por el menor, ellos no se dejaron dominar por las concepciones estereotipadas y socialmente dañinas sobre lo que “debe” ser la conducta de un varón hacia una mujer, y actuaron valientemente al llevar su genuina preocupación ante las autoridades.
Sin embargo, desde algunas instancias de autoridad pública se han provocado unos giros preocupantes que tienden a trivializar el asunto y a minimizar las posibilidades de la justicia para tomar acciones ejemplarizantes en los casos en los que, de comprobarse los hechos, es un varón la víctima de la agresión sexual.
Cuando es esta visión miope la que se coloca en la discusión pública del caso, se anticipa escasez de voluntad para resolverlo y se le deja muy poco espacio a la administración de la justicia.
La visión que, de entrada, declara totalmente intolerable la conducta del abuso sexual es la que garantiza que la atención no se desvíe y la que hace que todo el brazo de la ley se dirija a lo sustancial de estos supuestos casos de relaciones ilícitas de un adulto con un menor.
Hacemos un llamado a las autoridades a que no permitan que las equivocadas concepciones culturales se conviertan en una limitación a la hora de considerar este o cualquier caso de delitos sexuales.
En este caso de Aguadilla, la maestra está asistida por su presunción de inocencia y deberá enfrentar un proceso justo. Y las acusaciones están ahí, radicadas, para que la evidencia que las sustenten sea examinada y el caso sea adjudicado libre de prejuicios.
