21-Febrero-2009 | Editorial de El Nuevo Día

Servicios que no se pueden interrumpir

A estas alturas, nadie tiene que convencerse de que las finanzas gubernamentales están gravemente mal y deben hacerse urgentes recortes, pero hay que afrontar con cuidado los ajustes en servicios imprescindibles, como los dirigidos a la salud mental de los desvalidos.

Dentro de esa categoría está, por ejemplo, la ayuda psicológica que reciben los niños maltratados. En el día de ayer, la Administración de Familias y Niños (Adfan) cancelaba abruptamente los contratos con proveedores que han prestado servicios especializados a unos 1,500 menores maltratados y sus familias.

Dichos servicios eran ofrecidos conjuntamente por el Centro de Salud Mental de la Comunidad, adscrito a la Universidad Carlos Albizu, y por el Instituto de Terapia Familiar.

¿Cuáles fueron los criterios que prevalecieron para que Adfan, en vez de suprimir gastos en otros renglones, escogiera precisamente el área de la ayuda psicológica a los niños maltratados?

¿Acaso fue realizada una evaluación detallada y con honestidad que llevara a la conclusión de que no había ningún otro gasto prescindible, y las amputaciones tenían que hacerse sólo en la inversión de los trabajadores sociales y psicólogos clínicos que se ocupan de dar terapias a esas familias?

No queremos pensar que la soga está partiendo por lo más finito y que las agencias públicas, a la hora de reducir el 10% de su presupuesto, tal como ha ordenado el Gobernador, prefieren vulnerar los servicios básicos que brindan a la población antes que tocar sus privilegios burocráticos.

Si no fuera este el caso, todavía Adfan no ha establecido, o no ha dado a conocer, cual es el plan de transición que establecerá desde que se cancelan los contratos a los proveedores privados hasta que la institución gubernamental asume la responsabilidad de ofrecer directamente los servicios.

Esta acción en el área de servicios psicológicos es tan preocupante como lo que ha sucedido en el Departamento de Educación, donde se ha dejado en suspenso el Programa de Convivencia Pacífica, un proyecto piloto implantado el año pasado en 504 escuelas alrededor de la Isla. Estudios de Educación indican que en Mayagüez, casi el 10% de los miembros de la comunidad escolar (36 escuelas de ese distrito) habían admitido que el programa los había ayudado. Baste mencionar que el aprovechamiento académico registró un alza del 20%.

En Puerto Rico desde hace tiempo existe un grave problema de continuidad en los programas. Se adoptan planes y políticas que se perfilan exitosos, que arrojan buenos resultados sobre todo en el ámbito social o educativo, y de buenas a primeras se cancelan para dar paso a otros, o a ninguno, dejando en el aire a miles de personas y echando atrás lo que se ha logrado.

Como bien señala la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, Gloria Rivera Centeno, en el caso de Adfan y los servicios psicológicos, se trata en esta ocasión de familias a las que el Estado obliga a tomar esas terapias, pero que súbitamente son abandonadas, sin que nadie les defina una alternativa. Peor aún, sin que nadie se preocupe por las graves consecuencias sociales que una acción como ésa puede llegar a tener.

El limbo en que han quedado estos programas debe ser urgentemente superado con una acción clara y ordenada de Adfan, que establezca cuáles serán las nuevas fuentes de servicios y garanticen que, ni por un día, dichos servicios les serán interrumpidos a cientos de menores y sus familias que sufren el trauma de alguna experiencia con la violencia, el abuso y el maltrato.