03-Julio-2009 | Editorial de El Nuevo Día

SEIS MESES EN UN VACÍO SALUBRISTA

Los trabajos ordinarios de la Asamblea Legislativa terminaron sin que se diera ningún paso para reformar el quebrado modelo de salud del País que deja sin cubierta médica a 400,000 puertorriqueños.

El balance de medidas económicas y de salvamento fiscal sometidas por el Ejecutivo a la Legislatura, y aprobadas, atiende una de las grandes prioridades. Y eso es positivo. Pero la llamativa ausencia de medidas concretas relacionadas con la salud en este primer semestre de la Administración Fortuño acentúa la preocupación de que, en el marco de las grandes transformaciones que exige el País, este renglón no figure como una urgente prioridad.

En la coyuntura de las discusiones en Washington sobre el acceso universal a la salud, la administración del gobernador Luis Fortuño tendrá que abordar desde el comienzo de este año fiscal la formulación de propuestas propias, si quiere llenar el actual vacío en materia de salud.

Un vacío que irónicamente se produce en un país que gasta cerca del 19% de su Producto Interno Bruto (PIB) en concepto de salubridad pública y tiene una tarjeta de salud empantanada en un déficit de $215 millones.

A pesar de ello, lo que hemos visto hasta ahora es que el sector gubernamental parece decidido a esperar por las decisiones del Gobierno federal, con miras a dirigir las asignaciones adicionales de fondos que pueda conseguir al mismo sistema desenfocado que no satisface las expectativas de la población, particularmente la de los medico-indigentes.

Aun cuando las metas se hayan fijado en obtener paridad en los fondos de Medicaid y Medicare, al Gobierno le corresponde insertarse en los proyectos federales con un plan reformador de manufactura propia. De este modo no quedaría preso del paralizante debate que se da en la capital federal en torno al nivel de injerencia que deben tener el Estado y las fuerzas del mercado en los planes para dar acceso a servicios de salud a 46 millones de estadounidenses, hoy día sin cubierta.

En ese derrotero, los poderes públicos están llamados a diseñar una propuesta ajustada a nuestra realidad, que tome en consideración a todos los grupos que influencian las decisiones de política pública en materia de salud.

Esencial a cualquier modelo es devolver al médico la preponderancia en la atención al paciente, concentrar esfuerzos en la prevención y buscar una mayor eficiencia administrativa. Ello requiere además redefinir el papel de las compañías aseguradoras bajo la sombrilla tutelar del Estado, al establecer el perímetro de su participación para lograr que el derecho a la salud sea una realidad en Puerto Rico.

Durante los pasados quince años de existencia de la tarjeta de salud tampoco se han hecho modificaciones correctivas de peso al sistema por culpa de la falta de proactividad y voluntad política para revisar el modelo de financiamiento, administración y prestación de servicios.

Eso quiere decir, que en todo este tiempo, incluyendo los últimos seis meses, no se ha querido atacar en lo sustantivo la deficiencia crasa del sistema.

Por tal razón, la reformulación completa del sistema de salud, para que responda a la realidad social y económica de Puerto Rico, tiene que figurar con prominencia en la agenda que comienza ahora, al inicio del año fiscal, para dotarlo así del marco legal que requieren los cambios con un seguro de salud universal.

En suma, no se puede llegar a otro balance de ejecutoria gubernamental que dé de lado a la reforma de salud.