04-Noviembre-2009 | EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA

Que se esclarezca qué pasó en Caimito

Por la importancia que tiene para la credibilidad y la imagen de la Policía, ha dado un paso correcto el superintendente José Figueroa Sancha, al ordenar una investigación sobre el operativo policíaco que tuvo lugar el mes pasado en Caimito, y que involucra al Alcalde de la Capital en un incidente todavía confuso.

Se ha llegado demasiado lejos en la andanada de acusaciones y reproches que han partido principalmente del Alcalde. Por otro lado, debe esclarecerse, más allá de toda duda, si la intervención en el negocio señalado, estaba en efecto pautada para esa noche, como se pautaron otras en negocios similares del área. Una vez aclarado este punto, es necesario que la opinión pública conozca si hubo algún tipo de obstrucción a la labor de la Uniformada por parte del Alcalde o de cualquier otra persona.

Nadie está, ni debe dar la impresión de que está, por encima de la ley. Si lo que se le pide a la Policía, tanto a la municipal como a la estatal, es que se mantenga activa, vigilante en todo momento, tomando la iniciativa en áreas que son consideradas conflictivas, de alta incidencia criminal, sería una contradicción arremeter contra unos oficiales que no habrían hecho más que cumplir con su deber.

Es evidente que el alcalde Santini tiene todo el derecho como ciudadano a frecuentar cualquier negocio que estime conveniente. Pero si resulta que en ese momento llega al lugar un grupo de agentes para realizar labor preventiva o de cotejo de permisos (que, dicho sea de paso, al parecer hallaron serias infracciones), el Alcalde, como cualquier ciudadano, debe allanarse a esa circunstancia y esperar tranquilo a que los agentes terminen su trabajo. Es más, siendo él la máxima autoridad de los policías municipales que colaboraron con los estatales en el operativo, su actitud debió ser otra: estimular y felicitar a las personas que se supone están batallando contra el crimen, manteniendo la seguridad en la zona y cuidando que los establecimientos cuenten con los permisos de ley.

El Alcalde sabe perfectamente del clima de zozobra que vive el País por el temor constante de tiroteos y masacres en los que también pierden la vida muchas personas inocentes. Ya estamos en torno a los 800 asesinatos en lo que va de año. Acusar a los jefes del operativo en Caimito de ser fabricantes de casos con motivaciones políticas, corruptos y matones es una imputación ya de por sí muy grave. Pero adelantarse a una pesquisa formal, y pedirle públicamente al Superintendente que bote a esos oficiales policiacos, constituye, más que un exceso, una expresión intimidatoria que parte de un funcionario con considerable poder. Y eso sí que es un conflicto de repercusiones graves.

Tiene que asegurarse el Superintendente, pero sobre todo asegurarle categóricamente al País, que la investigación que ha encargado a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía, será rigurosa y dará suficiente espacio, confianza y seguridad para que todos expresen su opinión. Y, para empezar, el propio Superintendente debería aclarar el traslado precisamente de los dos oficiales que levantaron las iras del alcalde Santini.

Sabemos que en el cuerpo policial se producen traslados con regularidad, pero estos, por las circunstancias (y las suspicacias) surgidas, y por tratarse de oficiales con décadas de experiencia, resultan sospechosos.

No creemos que el País esté aceptando como válida la versión del Superintendente de que fue rutinario el traslado de dos oficiales de quienes Jorge Santini ha dicho públicamente que lo que ha pedido es que sean sacados de la institución.

Y en este delicado asunto, si algo es necesario despejar, es hasta la última sombra de sospecha. Una sospecha que en estos momentos es de gran proporción, por el potencial que tiene de asestarle un daño adicional a la imagen policial.