05-Noviembre-2009 | EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA

Tiempo adicional para alternativas

La tortura emocional a la que se está sometiendo a miles de empleados públicos a través de la negligencia crasa del Gobierno en la aplicación de la ley que habilita sus cesantías, es un agravio condenable que levanta serias interrogantes sobre la capacidad administrativa de los funcionarios a cargo de los despidos.

Sin entrar en los aspectos constitucionales de la Ley Especial sobre Emergencia Fiscal, mejor conocida como la Ley 7, varios jueces del tribunal de primera instancia han establecido, fuera de toda duda razonable, que el Gobierno erró gravemente en el proceso de notificación de despido de más de 7,000 empleados públicos, que habrían de quedarse sin trabajo a partir de mañana.

Ante esta realidad, la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF), responsable de la implementación de la Ley 7, ha decidido aplazar hasta enero los despidos, período que usará para reiniciar el proceso de cesantías de 7,191 empleados unionados, prolongando la angustia de los afectados por dos meses adicionales.

Se nos hace difícil entender cómo el Gobierno ha sido tan negligente en la aplicación de una ley que se aprobó en marzo y para cuya implantación fueron contratadas siete compañías a un costo de $6 millones.

Son muchas las explicaciones sobre este proceso que el Gobierno le debe al pueblo. Una de ellas es sobre el tipo de asesoría que estas compañías le dieron a la JREF a cambio de ese pago millonario. Porque es insólito que con un peritaje tan costoso, el Gobierno errara en un asunto tan básico como es la adecuada notificación.

Además, ¿dónde quedan los ahorros que estos despidos supuestamente van a generarle al fisco cuando el Gobierno recurre a bufetes privados para que lo representen en estos casos en vez de usar los recursos de las divisiones legales de las agencias gubernamentales?

Y, ¿cuál es el rol, si existe alguno, de la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ORHELA), la agencia con peritaje en el principio de mérito y en la administración de recursos humanos del servicio público en este asunto? La situación es más absurda aún si además tomamos en consideración que el secretario del Trabajo, Miguel Romero, llamado en virtud de la ley a velar por el fiel cumplimiento de las leyes laborales en el sector privado y público, es miembro de la JREF y debió asegurarse que éste fuera un proceso impecable para minimizar la angustia y garantizar que no se violen los derechos de los empleados.

Considerados estos factores, discrepamos de la apreciación de Carlos García, presidente de la JREF, de que la entidad está trabajando con eficiencia. Al contrario, la improvisación parece haberse apoderado de un proceso para el que el gobernador Luis Fortuño prometió, en su mensaje ante el pueblo el 3 de marzo, “sensibilidad y orden”. Abona a nuestra apreciación el reversazo de la JREF de los despidos de 1,649 trabajadores por razones de necesidad de servicio. Esa necesidad se debió evaluar antes de que salieran las cartas de cesantía, no luego. ¿O es que los números se inflaron por complacer a las agencias evaluadoras de crédito?

Reiteramos que los cambios estructurales profundos en las agencias para agilizar y modernizar una estructura gubernamental que consideramos arcaica y demasiado grande en proporción con el sector privado, se pudieron haber hecho sin despidos masivos.

Y esta posposición debe ofrecer el espacio para considerar otras alternativas de las muchas que fueron sugeridas a la Administración por diversos sectores, para “salvar la casa” sin que ese salvamento esté fundamentado en la pérdida del sustento para tanta gente ni en un “ remedio” recesionario tan letal para la economía en general.