07-Noviembre-2009 | EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA

Acreditaciones en riesgo de pérdida

La bandera de preocupación levantada por la entidad estadounidense que acredita las 47 universidades de Puerto Rico –incluyendo nuestro más alto centro docente– tiene que ser atendida y resuelta por el Gobierno de Puerto Rico con urgencia y sin dejar espacio a equívocos o a situaciones de inestabilidad.

Se trata de un asunto de la más trascendental importancia que se encuadra en el rompecabezas en que se ha convertido la implantación de una de las disposiciones de la Ley 7 de Reestructuración Fiscal: la que reduce la nómina pública, de la que no ha quedado eximido el Consejo de Educación Superior (CES), cuyo personal fue reducido en un 38%, o lo que es lo mismo, de 57 a 35 empleados, una pérdida neta de 22 funcionarios.

Enterada de los despidos, la Middle States Commission on Higher Education envió al gobernador Luis Fortuño y al secretario de Educación, Carlos Chardón, el pasado 28 de octubre una comunicación en la que les manifestaba su temor de que el CES pudiera quedar sin personal necesario para evaluar y licenciar los programas académicos de las instituciones de educación superior en la Isla.

Simultáneamente, la entidad acreditadora desplazó hasta San Juan a su vicepresidente, Luis Pedraja, quien se halla en la Isla en una misión de corroboración de la información que llegó al seno de la entidad de manera de evitar las posibles consecuencias adversas de “los significativos despidos en el CES”, como lo describe la entidad.

La situación no es para menos. El Consejo de Educación Superior tiene entre sus vitales responsabilidades el evaluar y licenciar los programas académicos al nivel universitario. Sin esa licencia, la Middle States no puede certificar las universidades de Puerto Rico, una de cuyos preocupantes efectos sería impedir el acceso a los fondos federales anuales que reciben unos 200,000 estudiantes puertorriqueños a través de las Becas Pell para alumnos desaventajados económicamente.

Los 57 empleados con que contaba el CES hasta la implantación de la Ley 7 tenían a su cargo la investigación, el análisis y la concesión de las licencias que requieren para entrar en vigencia unos 2,000 programas académicos en instituciones como la Universidad de Puerto Rico (incluyendo todos sus recintos), la Universidad Interamericana, la Universidad del Sagrado Corazón y el Sistema Educativo Ana G. Méndez y otras muchas, hasta un total de 47.

Resulta forzoso que el Gobierno de Puerto Rico –tratándose de asunto tan medular, por voz de la mayor jerarquía: el propio Gobernador– aproveche la visita del representante de la Middle States para convencerle de que con 35 empleados y funcionarios menos, el CES puede continuar descargando con la misma eficiencia y prontitud la delicada responsabilidad de licenciar nuestras universidades, si es que esto fuera posible.

Si en un acto de sincera introspección la Administración se convenciera de que esa función podría dilatarse o lacerarse por falta del personal adecuado, lo menos que podríamos esperar serían los ajustes que fueran de rigor a través de la corrección por vía de medidas administrativas o de restitución –por la naturaleza crítica de las funciones que desempeñan los empleados del CES despedidos– como permite la propia Ley 7.

La advertencia es seria, pero la bola en esta ocasión está aún en la primera base. No puede el Gobierno permitir que pase a la próxima. Es mucho lo que está en juego para el presente y el futuro de nuestra juventud universitaria y hay que hacer lo que sea necesario para ofrecer un cuadro estable que permita que la educación superior, el germen del progreso intelectual del país, avance sin sobresaltos ni hipotecas.