El impuesto al consumo nació en una calurosa noche de verano en el 2006. Nació un poco antes de la medianoche del 30 de junio en el Capitolio y sus padres el PNP y el PPD le llamaron IVU, (Impuesto de Venta y Uso). Aunque se supone pesara 5.5 libras, finalmente según uno de sus padres, el peso final fue de 7 libras. Hubo mucha conmoción por aquella nueva criatura contributiva que se supone viniera a resolver las grandes penurias fiscales y económicas de aquel mal llamado gobierno compartido.
El País con resignación lo recibió el día de su bautizo, un 15 de noviembre del 2006. Mientras desde Nueva York, las familias Moody’s y Standard and Poor, esperanzadas en que el IVU ayudara a rehabilitar el deteriorado crédito de Puerto Rico, con mucho entusiasmo felicitaban a los padres y les auguraba mucho éxito con el nuevo experimento contributivo.
Después de todo, un primo del IVU, llamado COFINA, ayudaría a refinanciar gran parte de la millonaria deuda extraconstitucional que nos habían dejado los últimos dos gobiernos.
Sin embargo, al entrar el IVU sin los alivios contributivos “sin precedentes” ofrecidos por el progenitor del nuevo tributo en la campaña electoral del 2004, la clase media sintió que aquella novel criatura le comía el poco dinero que les que sobraba luego del aumento en los peajes, el agua y la factura de electricidad.
Al cumplir el IVU un poco más de dos años, uno de los padres entendió que el IVU había sido malo para Puerto Rico y quiso eliminarlo. De buenas a primeras uno de los progenitores lo negaba y no quería que el IVU viviera más. El otro padre, que históricamente lo había favorecido porque en Estados Unidos, donde hay muchos impuestos similares, negó aquel crimen y lo mantuvo vivo hasta el día de hoy.
Aunque el IVU ha lastimado a gran parte de los consumidores, la realidad es que salvó el crédito del Gobierno. A su corta edad y pese a que muchos comerciantes se benefician de él con trucos socialmente poco aceptables, todavía el Gobierno está a tiempo para dirigir mejor su crecimiento.
Una reducción en las tasas contributivas, una revisión de los incentivos contributivos y una mejor fiscalización de todo el sistema tributario, debe ser la prioridad dentro de una agenda de reforma contributiva. Mientras eso ocurre, con toda probabilidad el IVU vivirá eternamente entre nosotros.
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