Entre los casos que levantan sospechas sobre la implementación tardía o inadecuada -e incluso el abandono- de los protocolos, figura de un modo tan lamentable como irremediable la muerte del niño de cuatro años Dariel Vega. El deceso del menor ocurrió luego de ser llevado tres veces a centros hospitalarios con los síntomas de influenza tipo A y luego de ser devuelto igual número de veces a su casa sin que se le administrara el medicamento antiviral Tamiflu.
Dicha muerte no debió ocurrir, según advirtió el epidemiólogo Johnny Rullán. El ex secretario de Salud insistió en lo que a estas alturas debería ser el manejo ordinario de los casos sospechosos de contagio y es que cuando un paciente presente un cuadro clínico característico de la gripe AH1N1, el centro hospitalario ha de comenzar de inmediato el tratamiento antiviral.
De hecho, no esperar por los resultados de las muestras de laboratorio para recetar medicamentos a las personas que presentan la sintomatología es una de las recomendaciones principales que hacen los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos ante la actividad extendida de la influenza en 46 estados y Puerto Rico. Con ello, no se está restando importancia a las pruebas, que siguen siendo la confirmación científica necesaria para enfrentar con posibilidades de éxito la pandemia.
En el balance de 43 muerte confirmadas, resulta preocupante que la laxitud en la respuesta a los síntomas en las salas de emergencia y una campaña de vacunación que no acaba de despegar puedan ser factores recurrentes en los desenlaces fatales.
La admitida parquedad de Salud en su información al público y las modestas campañas de prevención que resultan en una tendencia a bajar la guardia, tampoco abonan a mejorar las perspectivas para esta segunda ola de alta incidencia, cuyo pico de transmisión se espera entre diciembre y febrero próximos. El cuadro que se configura exige que Salud responda con prontitud a los reclamos de mayor proactividad y presencia pública.
Para tranquilidad de toda la población y en especial de los grupos de alto riesgo, se hace imperioso que se despejen las dudas en cuanto al manejo de los protocolos. Sería lo justo también para las instituciones hospitalarias que tan esenciales servicios rinden a los pacientes.
Llamamos a que, ante un panorama que se complica, Salud emprenda una revisión integral de sus estrategias, que incluya un riguroso monitoreo de la observancia general del protocolo clínico y de control del virus.
De igual forma, tiene que articular, junto a la comunidad médica, la amplia ofensiva de vacunación que tanto se ha anunciado y la exigencia al Gobierno federal para que se produzca un adecuado suministro de dosis de vacuna a Puerto Rico para evitar una situación catastrófica dentro de un par de meses.
Si adoptara estos puntos como agenda obligada, el Departamento de Salud podría retomar el rumbo en una batalla epidemiológica en la que, desde un principio, han aflorado deficiencias logísticas, falta de urgencia y un errático comportamiento en el flujo de información al País.