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17 de enero de 2013
1:04 p.m. Seguridad
 

Comerciante dominicana alega haber sido agredida por policías

La supuesta agresión fue durante una intervención en un negocio en Puerto Nuevo

 

Por Melisa Ortega Marrero / melisa.ortega.@gfrmedia.com

Líderes del Comité Dominicano de los Derechos Humanos denunciaron hoy otro supuesto caso de agresión contra una comerciante dominicana por parte de agentes de la Policía de Puerto Rico e insistieron en la colocación de este cuerpo de seguridad en una sindicatura federal.

Según Juana Burgos Valdés, de 43 años, el pasado 8 de diciembre, un contingente de oficiales estatales y del Municipio de San Juan irrumpieron en su negocio “La parada de Iris”, ubicado en la avenida Américo Miranda, en Puerto Nuevo.

Allí, luego de acusarle de no contar con los permisos necesarios para operar el negocio, varios agentes, entre ellos una mujer, la agredieron y la arrestaron, denunció durante una conferencia de prensa en el Club de Dominicanos Unidos.

Además de imponerle una multa de $35,000, las autoridades le sometieron cargos por presuntamente operar una casa de prostitución, dijo la mujer, quien describió su negocio como un bar-cafetería, en la que hay música en vivo y en ocasiones bailan “strippers”.

De acuerdo con Burgos Valdés, tanto la multa como los cargos fueron desestimados por el Tribunal de San Juan el pasado 15 de enero.

La mujer, quien estuvo acompañada por su abogada, Ana Camila Colón, afirmó que este caso no es uno aislado, pues en los pasados meses, agentes estatales y municipales han realizado cerca de una decena de operativos en su establecimiento.

“La Policía tiene que ser puesta en sindicatura”, reclamó José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, quien afirmó que la entidad que lidera acudirá al tribunal federal para participar como amigo de la corte en el pleito judicial iniciado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra la Policía local.

A finales del año pasado, Justicia federal radicó una demanda de 23 páginas contra el Gobierno de Puerto Rico y la Policía, en la que le imputa a la Uniformada mantener un patrón de prácticas ilegales de uso excesivo de fuerza en respuesta a demostraciones públicas y en actividades policiacas rutinarias y por continuar con un patrón de allanamientos y confiscaciones ilegales y prácticas discriminatorias.

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