Comunidades contra la violencia

Es equivocada la noción de que en Puerto Rico no se combate la violencia de forma efectiva, plantearon directivos de varias organizaciones no gubernamentales que conocen el problema de primera mano y trabajan todos los días para solucionarlo.

Lo inefectivo, sin embargo, es la insistencia de los gobiernos de atenderlo de forma fragmentada, superficial y cortoplacista en vez de respaldar y adoptar, de forma integral y a largo plazo, modelos que han probado ser exitosos, señalaron.

Desde la academia, en las comunidades, junto a las víctimas o los transgresores, cada una a su manera, las organizaciones representadas en una mesa redonda convocada por El Nuevo Día han implementado mecanismos que han probado ser capaces de prevenir, reducir o ayudar a sanar los embates de un mal que se manifiesta de múltiples maneras. Según la han conocido, la violencia aquí se sostiene y alimenta de la pobreza, la falta de esperanza y de educación, la inequidad, la falta de atención efectiva a víctimas y victimarios y a las comunidades en las que habitan.

Los participantes del encuentro aseguraron que, a través de los años, los gobiernos no han logrado esttablecer un mecanismo efectivo para evaluar los proyectos implementados, tanto del propio gobierno como de entidades privadas. Esto ha impedido conocer cuáles obtienen los mejores resultados y cómo, así como cuáles operan con bases científicas. Tampoco ha facilitado la operación coordinada de iniciativas exitosas ni su financiación, lo que ha provocado incluso la pérdida de millones de fondos públicos.

Esas situaciones que impiden u obstaculizan el que los recursos disponibles para atajar la violencia se empleen de la mejor manera fueron catalogadas por el grupo como un tipo de violencia.

Marizaida Sánchez Cesáreo, de la Junta de Prácticas Basadas en Evidencia de Puerto Rico, indicó que las principales fuentes de financiamiento a iniciativas de prevención en la Isla proceden, en orden de mayor a menor, del Gobierno de Estados Unidos, de fundaciones privadas y de fondos del Gobierno estatal, incluyendo asignaciones legislativas. “Si bien es cierto que hay entre $30 y $40 millones de fondos federales en bloque (para servicios de prevención cada año), en términos de fondos estatales bien pensados, recurrentes, hay bien poco y los que hay recaen sobre todo en fundaciones privadas y no en el Estado. Eso es un reto”, afirmó.

La investigadora destacó que entre las agencias estatales la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción es la que menos fondos para prevención administra, pero la que más labor está haciendo.

Esa disparidad en la asignación de fondos también fue denunciada por Myra Rivera Torres, de la Alianza Laura Aponte por la Paz Social (ALAPÁS), que provee servicios a víctimas. Allí, dijo, llegan personas referidas por ciudadanos, profesionales de la salud, hospitales, iglesias y hasta por las propias agencias públicas. Pero de los millones de dólares que tiene el Estado para asistencia a víctimas, ALAPÁS recibió $24,000 en el 2011 y nada este año.

Tampoco han contado con suficiente apoyo del Estado los proyectos desarrollados por los hermanos Moraima y Amaury Oyola para ayudar a exconvictos, madres solteras y jóvenes que han dejado los estudios. “Los fondos van casi siempre dirigidos a la prevención y no a la restauración que nosotros hacemos”, lamentó Amaury Oyola.

“Los padres fundadores de la criminología hablan de que la primera forma de las violencias que es generadora de violencia es la injusticia social. Y en Puerto Rico la injusticia social está institucionalizada y legitimada”, planteó Jonathan Rodríguez, representante del Instituto de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, creado por alumnos de la Universidad del Sagrado Corazón. “Tenemos un sistema que es violento para las víctimas, para los acusados, para los convictos y convictas, para los exconvictos y exconvictas. La violencia del Estado está legitimada y se combate con ‘mano dura contra el crimen’, que ha ido cambiándose cuatrienio tras cuatrienio y ahora tenemos ‘golpe al punto’”, agregó. Al destacar que ese tipo de lenguaje es uno bélico, Rodríguez advirtió que “si combatimos fuego con fuego la cosa va a explotar”.

De acuerdo con los consultados la violencia impera, a fin de cuentas, por la falta de un plan nacional concertado, basado en evidencia y a largo plazo, que dé coherencia a aquellos esfuerzos que, aunque exitosos, están dispersos.

Samuel Figueroa Sifre, director de la Comisión para la Prevención de la Violencia en la Universidad de Puerto Rico en Cayey, destacó que este plan no se ha hecho a pesar de que por años han existido estudios al respecto realizados en Puerto Rico. “Lo primero que hay que mirar es cuál fue el proceso (para crear planes y proyectos exitosos).

“Aquí la cosa no funciona más porque lo que hay es un tribalismo político”, analizó José A. Campos Fusté, director ejecutivo de Boys & Girls Club, una de las iniciativas ciudadanas más longevas en la Isla (desde 1968).

Hubo consenso entre el grupo en que hay modelos exitosos a seguir, en Puerto Rico y en otros países como Chile, Colombia, Costa Rica y lugares de Estados Unidos como Illinois y California. Por eso, ellos y otros representantes de sectores interesados en atender el problema de la violencia en Puerto Rico se unirán a la Fundación Agenda Ciudadana en las próximas semanas para comenzar a dar forma a una estrategia nacional de seguridad.