Pide que la investigación por el fraude electoral concluya antes de las elecciones
Por Israel Rodríguez Sánchez / israel.rodriguez@elnuevoda.com
El alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, reclamó ayer al Departamento de Justicia que culmine la pesquisa criminal sobre el fraude electoral en esa ciudad antes de las elecciones del 6 de noviembre.
O’Neill sostuvo que cuenta con tres opiniones legales que coinciden en que las transferencias de dirección ilegales que se le imputan a empleados de confianza suyos y policías municipales no constituyen delito.
“El secretario de Justicia (Guillermo Somoza Colombani) tiene que mirar esto con mucho cuidado”, indicó O’Neill, en entrevista con El Nuevo Día.
Por el contrario, el alcalde indicó que la alteración de papeletas, de actas de votación y el perjurio sí son delitos. Estos delitos son los que se le imputan a observadores y funcionarios de colegio del representante Ángel Pérez.
O’Neill también rechazó ayer que la investigación administrativa que abrió el municipio contra el agente Ángel Méndez -un testigo citado por Justicia el próximo lunes- constituya una represalia. En ese sentido, O’Neill dijo que se siguió el proceso una vez se presenta una querella en la Oficina de Recursos Humanos del ayuntamiento contra un miembro de la policía municipal.
Méndez denunció que la investigación en su contra fue a petición del capitán Wilfredo Martínez y de la teniente Zuleyka León. Tanto Martínez como León fueron referidos a Justicia por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por hacer transferencias ilegales de dirección.
Aunque Méndez no participó en el fraude, está citado en Justicia porque fue objeto de represalias luego de que varios de sus compañeros involucrados en el escándalo lo acusaron de haber hablado de este tema -bajo condición de anonimato- con un canal de televisión.
Méndez alega que, en represalia, su auto fue vandalizado en dos ocasiones en el estacionamiento del propio cuartel de Guaynabo, lo que llevó al agente a manifestar que “había delincuentes” allí. Méndez dijo que se refería a los compañeros que vandalizaron su carro y no a la totalidad de los policías.
El oficial hizo la denuncia pública el 17 de mayo pasado minutos antes de comparecer ante el comité ad hoc de la CEE, que también investigó el fraude primarista. “Todavía no se ha investigado el daño de mi carro y las cámaras del cuartel están dañadas”, dijo Méndez.
En una carta con fecha del 20 de julio, O'Neill informó a Méndez que al llamar “delincuentes” a los policías que presuntamente vandalizaron su carro pudo violar reglamentos de la Policía Municipal por lo que era objeto de una investigación administrativa.
“De concluirse que hubo una violación a los preceptos legales anteriores, las medidas disciplinarias aplicables lo son una amonestación escrita, suspensión de empleo y sueldo, degradación y expulsión del cuerpo”, lee la carta firmada por O’Neill.
El alcalde dijo ayer que la pesquisa sobre los daños del auto de Méndez fue encomendada al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), mientras que la investigación administrativa está en manos de los abogados Roberto Alonso y Roberto de Jesús Cintrón.
Méndez fue citado a una vista administrativa el 6 de septiembre.
O’Neill reiteró que no ha investigado a los agentes señalados como parte del fraude electoral en espera de que Justicia culmine su pesquisa.
