Documentos evidencian que José Pérez Canabal intervino para beneficiar a amigo convertido en empresario de energía renovable
Por Yaritza Santiago Caraballo / ysantiago1@elnuevodia.com
El gobernador Luis Fortuño refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) al hasta ayer vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Pérez Canabal, tras quedar al descubierto aparentes actuaciones muy irregulares del exfuncionario a favor de las empresas de un amigo cercano y socio suyo.
Pérez Canabal, quien era miembro de la Junta de la AEE desde marzo de 2011, renunció ayer a su puesto en una carta que incluyó una velada amenaza contra los que expusieron sus aparentes conflictos de intereses.
Pero fuentes de El Nuevo Día indican que el gobernador Fortuño había pedido a José Ortiz, presidente de la Junta de la AEE, que le pidiera la renuncia, desde horas de la mañana.
Los conflictos de intereses que se le imputan a Pérez Canabal tienen que ver con su relación con Roberto Torres Torres, un contable, vecino, amigo personal y socio suyo que de la noche a la mañana se convirtió en un importante empresario de energía renovable, justo cuando Pérez Canabal entró a la AEE y en momentos en que la corporación pública comenzaba a repartir cuantiosos contratos en ese campo.
Torres Torres es propietario de Jonas Solar Energy, empresa de producción de energía renovable que fundó en febrero de este año y en pocos meses obtuvo un contrato de $190.1 millones con la AEE.
Además, es presidente de Tropical Solar Farm, otra empresa dedicada a la producción de energía renovable, fundada en julio de 2011 y que también obtuvo en poco tiempo un jugoso contrato de $189.1 millones con la AEE.
Ambas empresas tienen la misma dirección y teléfono de la empresa Galexda Developments, que creó Pérez Canabal en el 2005 y que presidió hasta el 2010, según documentos examinados por El Nuevo Día.
Al Pérez Canabal dejar de ser presidente le sustituyó Torres Torres. Según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, las dos empresas tienen la misma dirección física: carretera 368 km 12.5 en Yauco.
Mas, el que compartan direcciones no es lo único que ha arrojado dudas sobre la relación de Pérez Canabal con el contable Torres Torres.
Interviene por el amigo
Documentos en poder de este diario revelan que el pasado 3 de mayo Pérez Canabal propuso en la Junta de Gobierno de la AEE una enmienda a los Acuerdos de Compra y Operación de Energía (conocidos en inglés como los PPOA’s) que beneficiaron directamente a Jonas Solar Energy.
Las enmiendas propuestas por Pérez Canabal perseguían aumentarle el monto al contrato otorgado a las empresas de nueva creación para que quedaran en una mejor situación económica y con esto ayudarlas a obtener mejor financiamiento para sus proyectos de energía renovable.
En otras palabras, mientras más jugoso fuera el contrato con la AEE, más grande sería la capacidad de estas empresas para tomar dinero prestado en los bancos.
Las enmiendas fueron propuestas por Jonas Solar Energy por las dificultades que estaba confrontando para obtener financiamiento para sus proyectos.
La enmienda de Pérez Canabal fue aprobada con el voto del presidente de la Junta de Gobierno, José Ortiz; de Jerome Garffer, y Rubén Hérnandez Gregorat, entre otros miembros de la junta, según la Resolución 3912 de la Junta de Gobierno de la AEE, de la cual obtuvo copia El Nuevo Día.
A la enmienda se opuso el ingeniero Robert Volckers Esteves. María Vera Fernández no emitió voto.
Otro dato que levanta bandera sobre las empresas Jonas Solar Energy y Tropical Solar Farm tiene que ver con los términos de sus contratos con la AEE.
Según supo este diario, la electricidad que produzcan esos sistemas de energía renovable será comprada por la AEE a 18 centavos el kilovatio hora (kvh).
El pueblo paga por el amigo
Pero los contratos establecen que ese costo -que la AEE le pasa a sus clientes- aumentará un 2% cada año por los próximos 20 años.
Así las cosas, al cabo de esos 20 años la electricidad de estos sistemas, en lugar de bajar, subirá a 30 centavos kvh que, sumado a la tarifa básica elevará el costo a 36 centavos kvh. En la actualidad el costo a los clientes es de 26 el kvh.
Este diario supo que en el 2011 el director ejecutivo Otoniel Cruz y sus ayudantes recomendaron renegociar estos contratos.
El asunto le costó la destitución a Justo González por parte de la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno y recomendación específica de Pérez Canabal y José Ortiz, presidente de ese cuerpo rector.
El domingo pasado, Pérez Canabal aceptó a El Nuevo Día sus vínculos de amistad y de negocios con Torres Torres. Indicó que éste logró dos contratos millonarios con la AEE pero negó haber mediado en el asunto.
Aunque el certificado de corporación destaca que Jonas Solar Energy se dedica a desarrollar proyectos de energía solar, en la Oficina del Contralor aparece identificada como una empresa destinada a la compra de materiales, medicinas y combustible. El contrato está vigente hasta el 2032.
Pérez Canabal no estuvo disponible para entrevistas ayer.
Sin embargo en su carta de renuncia dijo que optó por dimitir a su cargo en la Junta “para evitar crear distracciones en los esfuerzos de la AEE para bajar el costo de la electricidad”.
Asimismo, lanzó una amenaza contra quienes sacaron a la luz pública este escándalo. “De estas acusaciones y la gente que las esgrime me encargaré en los foros apropiados”, sostuvo Pérez Canabal en la misiva.
Torres Torres tampoco contestó las llamadas de este diario.
Por la ruta de Santana
El referido de Pérez Canabal a Justicia y Ética es el segundo que el gobernador radica contra miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP).
El primero fue el caso del exalcalde de Vega Baja, Edgar Santana, quien, a consecuencia de los hechos denunciados por Fortuño, cumple ahora 18 años en prisión por corrupción y soborno.
Pérez Canabal no es el único funcionario de la Junta de Gobierno que ha estado en la palestra pública.
Jerome Garffer, miembro del cuerpo rector, ha sido mencionado como autor de unos correos electrónicos en los que presiona para que el la AEE contrate a una compañía de seguros médicos porque sus ejecutivos militan en el PNP.
También ha sido vinculado a hechos de violencia doméstica.
El Nuevo Día tiene al menos tres querellas de Ley 54 radicadas por su expareja Judith Pérez Rojas por hechos ocurridos en el 2007.
Según la querellante, Garffer la acosó, le profirió palabras obscenas y la amenazó con quitarle su hija.
A la lista de miembros en controversia se suma Marimar Pérez-Riera, quien renunció como presidenta de la Junta de Gobierno de la AEE en medio de críticas a su gestión y a un costoso viaje oficial pagado con fondos de la AEE.
