Con los bolsillos llenos de chavos

Mientras el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) trata de sacar de la carrera electoral al representante José Luis Rivera Guerra, sus compañeros en la Asamblea Legislativa le aprobaron un barril de tocino que le permitirá repartir $519,099 a por lo menos 341 electores potenciales de su distrito de Aguadilla y Moca.

Ese medio millón de dólares, según establece la resolución conjunta cameral 1193, está destinado en pleno año electoral para la supuesta reparación de viviendas de estos ciudadanos, instalación de alumbrado público y para la pavimentación de caminos.

Estas partidas provienen de distintas cantidades de dinero que le fueron asignadas desde el 2009 hasta la actualidad al distrito 17 que representa Rivera Guerra para proyectos de mejoras permanentes. Para la reasignación de fondos, el representante hizo ese nuevo barrilito con dinero que no usó de esas asignaciones y con sobrantes de estas partidas anteriormente asignadas.

REparticiones a lo loco

Se desconocen las necesidades específicas de los residentes que están en lista para obtener el dinero pues la pieza legislativa no lo especifica. Tampoco se precisan los criterios bajo los cuales se otorga el dinero. Solo incluye el nombre del residente, la dirección y el propósito de los fondos.

La pieza legislativa fue firmada el martes por los presidentes de la Cámara y el Senado, Jenniffer González y Thomas Rivera Schatz, respectivamente, y espera por la firma del gobernador Luis Fortuño.

La aprobación se dio al mismo tiempo en que Fortuño batallaba en los tribunales contra la presencia de Rivera Guerra en la papeleta del PNP, como consecuencia de una investigación llevada a cabo por El Nuevo Día que detectó, entre otras cosas, que el legislador no pagaba por el agua ni la electricidad de sus dos residencias.

A preguntas de El Nuevo Día sobre si estampará su firma en esta medida, el gobernador, quien se encontraba ayer en Washington, no fue preciso en su contestación, pero dejó la puerta abierta de que podría firmarla.

“No se supone que haya asignaciones de barril de tocino. Si es dinero para una carretera o una escuela que la necesita, no tenemos problemas”, sostuvo el primer ejecutivo.

A la cacería de votos

El barril de tocino es un término que se utiliza para identificar las asignaciones de fondos que la Asamblea Legislativa asigna a los legisladores por distrito para obras y mejoras permanentes en los sectores que representan.

El término correcto u oficial es el Fondo de Mejoras Municipales, que se creó con el 0.1% del impuesto de ventas y uso (IVU) para ser asignado a obras comunes en los pueblos, no así para necesidades de ciudadanos particulares. No obstante, la costumbre es que cuando se acerca el período eleccionario los legisladores buscan el dinero sobrado de los proyectos para comprar votos.

Guiso electoral

El distrito 17, que se compone del precinto 35 de Aguadilla y el precinto 36 de Moca, tiene 52,272 electores activos.

Esta resolución 1193, por ejemplo, busca beneficiar a 101 residentes de Moca mediante una asignación a ese municipio de $141,850.

Aguadilla recibiría $83,150 para beneficiar a 54 residentes; y la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), creada por ley el 26 de julio de 2010 dentro del plan de reorganización del Departamento de Agricultura, recibiría $294,099 para beneficiar a 163 ciudadanos.

Estos 341 potenciales electores, tienen asignadas partidas que van desde $500 y $2,000 por individuo para la compra de materiales de construcción para reparar sus viviendas, hasta $8,500 por un individuo para la compra de materiales de construcción que se usarán para la pavimentación de un camino para su residencia. Además, hay dinero para instalar postes de alumbrado.

La medida incluye una cantidad de $83,150 que no están asignados.

La medida fue aprobada en la Legislatura con el aval de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras que son las que evalúan este tipo de medida y dan informes positivos o negativos.

El representante Antonio Silva, presidente de la Comisión cameral de Hacienda, justificó la aprobación de la pieza legislativa, al destacar que no le levanta sospecha la ristra de ciudadanos que se beneficiarían de estas asignaciones.

“No me levanta sospecha. Siempre para esta época los legisladores buscan dinero que les sobró de otros proyectos o que donde lo iban a usar no lo hizo”, sostuvo.

Estos fondos son discrecionales, lo que significa que el legislador carga con la responsabilidad de ese dinero. Es decir, según Silva, que si hay evidencia de que ese dinero no se usó para lo que se asignó o la familia que lo recibe no cualifica para el mismo, el legislador puede ser referido al Departamento de Justicia, y al Contralor de Puerto Rico y tendrá que devolver el dinero.