La Corte Suprema emitirá fallo sobre la reforma de salud pública que daría cobertura a decenas de millones de personas
Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com
WASHINGTON - El Tribunal Supremo de Estados Unidos divulgará hoy si mantiene con vida ley de reforma federal de salud, una decisión que redefinirá el debate político en Washington y que puede afectar el acceso a servicios médicos de decenas de millones de personas.
Junto al estado de la economía, los políticos piensan que cualquier decisión del máximo foro judicial estadounidense a favor o en contra de la constitucionalidad de la llamada ley “Obamacare”, arropará en gran medida el debate electoral de los próximos cuatro meses.
En el caso de Puerto Rico, cualquier decisión que derogue toda la legislación amenazaría los $700 millones adicionales anuales en Medicaid asignados por medio de la reforma hasta 2019 y que, a partir de Julio, representan un tercio del presupuesto que el gobernador Luis Fortuño destinará al plan gubernamental Mi Salud.
“La ley otorgó a Puerto Rico el aumento más grande en la historia en fondos de Medicaid”, indicó ayer Sinsi Hernández Cancio, experta en temas de salud y directora del programa de Equidad de la organización “Families USA”, que persigue el acceso de todos a planes médicos.
“A menos que se derogue toda la ley, lo que no espero que suceda, me parece que no estaremos expuestos”, dijo, por su parte, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.
Aunque Puerto Rico no fue incluido en los mandatos a casi todos los ciudadanos y empresarios para que adquieran un seguro médico, el Gobierno tiene asignados $925 millones -de ahora a 2019-, que se justifican por si la Isla decidiera crear centros de intercambio de seguros, pero que se pretenden utilizar también para el programa Mi Salud.
Ni siquiera esos fondos, que son parte de la totalidad de los $6,300 millones que se le asignan a la Isla, deben estar en peligro si el Tribunal Supremo solo invalida los “mandatos”, según Pierluisi.
Para Hernández Cancio, “si la decisión se toma a base de los precedentes legales y no de la ideología”, la reforma debe sobrevivir.
Si el Tribunal Supremo invalida toda la ley, las consecuencias para Puerto Rico serán:
Perderá el aumento de $700 millones anuales -que totalizaba $6,300 millones de 2010 a 2019- en los fondos de Medicaid, que a partir del mes próximo financiarán el 45% del plan de salud del Gobierno de Puerto Rico, al cual tendrán acceso alrededor de 1.5 de millones de personas.
Como en el caso del resto de los consumidores en Estados Unidos, quedará sin efecto la orden federal a las aseguradoras que les impide negarle cobertura a un paciente por condiciones previas. Esa orden entró en vigor ya para los niños y en el caso de los adultos se hará efectiva en 2014.
También quedaría en el aire el mandato para que los padres puedan mantener a sus hijos en su plan médico hasta que cumplen 26 años.
La ley también tiene proyectado cerrar el llamado hueco de la dona de los medicamentos: un período en el cual los pacientes dejan de recibir subsidios para la compra de sus medicinas.
Según la Casa Blanca, para cerca de 85,000 pacientes de la tercera edad y discapacitados adscritos al programa Medicare en Puerto Rico, la reforma federal de salud ha significado un ahorro promedio anual de $550 en la compra de medicamentos recetados.
