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17 de febrero de 2013
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Contundente llamado a la acción

Los líderes de la banca local advierten que una degradación del crédito de la Isla podría ser devastador para la población, el sector empresarial y afectaría la credibilidad de Puerto Rico como lugar de inversión

 

Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

El sector bancario de la Isla se anotó otra victoria en el partido hacia la rentabilidad al asegurar $244 millones en ingresos netos durante el 2012.

La cifra, provista por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y atribuible únicamente al negocio bancario comercial de la Isla, se aproxima a los $298 millones registrados en el 2011 y supone un cambio de curso en relación a las pérdidas netas de $642 millones y $872 millones registradas en los años 2010 y 2009, respectivamente. Entonces, la necesidad de tirar a pérdidas muchos de los créditos –que se otorgaron por exceso durante la pasada década– eran la norma.

A nivel de matrices bancarias y como un todo, los números también son halagadores. Parte del beneficio llegó a los tenedores de acciones locales por la vía de la apreciación de los títulos. En conjunto, el Índice de Acciones de Puerto Rico (PRSI), que también incluye la aseguradora Triple-S Management Corp., aprecia alrededor de 8% en lo que va de año, según el servicio de noticias Bloomberg.

Riesgo nunca antes visto

Pero ahora, después de tanto trabajo para capear la peor tormenta crediticia en 40 años (en parte provocada por el mismo sector y a su vez, por la caída económica), los avances para salir de la crisis financiera parecen desvancerse ante una potencial degradación del crédito de la Isla y el comprobado debilitamiento de la economía local.

Al hablar del futuro, los líderes bancarios mencionan sus movidas estratégicas para ganar cuota de mercado, asegurar mejor gestión e incluso, para comprar o vender activos.

Pero también, y sin ambajes, reconocieron a Negocios que la situación crediticia de la Isla es el principal riesgo que encara el sector.

El tema es tan serio y urgente que el asunto de acabar de sacar de los libros varios millardos en activos fallidos, todavía dentro del sistema, parece pasar a segundo plano.

La coyuntura es tan crítica que el grupo de altos ejecutivos ha encontrado espacio es sus convulsas agendas para –en una movida poco vista– tocar a la puerta de varios legisladores en el Capitolio, La Fortaleza y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entre otras agencias.

Según los banqueros, evitar la degradación requerirá el esfuerzo de todos y de medidas “en extremo difíciles” para las empresas y la ciudadanía.

Se mostraron optimistas en que la administración de gobierno cuenta con competencia y poder de convocatoria para prevenir la degradación.

Pero también dijeron, que de no articularse un plan correctivo creíble, el Gobierno y el sector bancario de la Isla podrían zozobrar y con ellos, la menguada libertad financiera que tiene la gente, los empresarios, cooperativas, iglesias, y hasta el llamado tercer sector.

No hubo mejora fiscal

“Hay que evitar la degradación del crédito a toda costa”, dijo el principal oficial ejecutivo de Popular Inc., Richard L. Carrión, al aseverar que quienes evalúan a Puerto Rico están más exigentes que antes.

“Las agencias clasificadoras ya nos rebajaron y eso fue un aviso. No podemos permitir que venga otro golpe”, dijo Carrión en referencia a la degradación por parte de Moody’s Inverstors Service en diciembre pasado.

Entonces, Moody's colocó la deuda del Gobierno central al borde del grado especulativo, pero catalogó basura parte de la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Universidad de Puerto Rico y otras seis corporaciones estatales.

Se espera que Standard & Poor’s se exprese acerca del crédito de la Isla en cualquier momento.

Cuestionado por el deterioro del déficit estructural, en unos $2,212 millones, según revelado por El Nuevo Día, Carrión sostuvo que en realidad, Puerto Rico nunca ha salido del atolladero.

“No es que hemos regresado al primer punto. Es que nunca nos hemos ido de ahí. Hemos estado ahí hace mucho tiempo”, manifestó.

El principio de todo

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), Aurelio Alemán, un escenario de chatarra para Puerto Rico no equivale a perder un eslabón en la actividad económica. Equivale a perder “el punto de partida de la actividad económica de una sociedad desarrollada”.

“En ningún país, se ha desarrollado una clase media sin crédito”, sentenció el principal oficial ejecutivo de First Bancorp. “La clasificación de Puerto Rico es como el crédito de la persona. Una vez baja la empírica no hay quien te preste”.

“El perfil crediticio del país es donde inicia la cadena económica. Si no hay esa capacidad de acceder a capital y financiamiento, va a haber una seria limitación de lo que Puerto Rico puede hacer para dar servicios a la gente y en su desarrollo económico”, acotó.

“Asteroide” que no debe llegar

Puerto Rico debe unos $69,275 millones, en la forma de bonos o notas de corto plazo, así como en ciertos préstamos, según datos provistos por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Aproximadamente, 30 centavos de cada dólar está en manos de boricuas. La diferencia está, particularmente, en planes de pensiones, fondos dotales, aseguradoras e inversionistas individuales en Estados Unidos.

En el caso de Puerto Rico, una degradación podría provocar la insolvencia de los bancos. Según datos de la OCIF, las instituciones depositarias de la Isla tenían en sus libros unos $600 millones en bonos de Puerto Rico. Esa cifra no incluye los bonos que puedan tener matrices bancarias y tampoco las aseguradoras de la Isla, las universidades y las cooperativas.

Y tampoco los $11,360 millones en inversiones de Puerto Rico que, según la OCIF, gestionan los llamados fondos mutuos locales.

En este segmento del sector financiero, en algunos casos filiales de bancos comerciales, es donde miles de personas –muchos ya en la etapa del retiro– han puesto el dinero de sus planes de retiro, alguna herencia o la ganancia de algún negocio.

Una degradación a chatarra o grado especulativo tiraría por la borda el valor de todas esas inversiones.

Y en el caso de los bancos, según el vicepresidente ejecutivo de la ABPR, podría implicar hasta la insolvencia de alguna institución bancaria porque el regulador obligaría a las instituciones a reservar capital ante la posibilidad de no recobrar ese dinero.

El presidente del BGF, Javier D. Ferrer, lo explicó mucho mejor hace unos dos días a la prensa.

“La degradación resultaría en una cadena de eventos con impacto severo en Puerto Rico... Sería muy difícil financiar la obra pública. Habría una devaluación en las cuentas de ahorro e inversiones de la gente. El precio de las residencias bajaría. Habría un pérdida sustancial en empleos”, dijo Ferrer.

“Este concepto de que nos vamos a chatarra y la deuda se esfuma, no es cierto. La Constitución indica que lo primero que hay que pagar, asumiendo que no hay recursos, sería el principal e intereses de la deuda y tendríamos que proveer colateral adicional en derivados”, agregó el líder del BGF.

Jesús F. Méndez, antes del lado gubernamental y ahora responsable de Doral Bank en Puerto Rico también ofreció una buena lectura a Negocios.

“La capacidad del Gobierno de refinanciar su deuda (en un escenario de chatarra) impondrá al principal patrono Puerto Rico unas limitaciones extraordinarias. Del Gobierno se sostienen cientos de miles de empleos y esas personas son las que pagan hipoteca, las que tienen ahorros o depósitos que tendrían que sacar”, dijo Méndez.

Y todo ello, en una economía que, según datos de la Junta de Planificación y estimados de economistas se ha achicado al menos 14% desde el 2006 y que se prevé cerrará en negativo en este año. En un país donde solo cuatro de cada diez personas hábiles para trabajar aparenta estar en la economía formal; donde el Gobierno ha financiado sus gastos operacionales por 14 años, y donde su déficit en pensiones –la principal amenaza para la degradación– equivale casi a la mitad del producto bruto de Puerto Rico.

Poco margen de acción

¿Podría la banca auxiliar al Gobierno en esta ocasión? Preguntó Negocios.

“El sector bancario siempre ha estado disponible para ayudar a Puerto Rico, pero la clave es el ámbito regulatorio. Una cosa es que la banca esté dispuesta a prestar y otra es que el cliente no demuestre capacidad de pago para hacer la transacción financieramente viable”, dijo por su parte José Rafael Fernández, principal oficial ejecutivo de Oriental Financial Group.

“El regulador no va a permitirnos prestar en términos que no sean razonables”, agregó Fernández, cuya respuesta fue casi idéntica a la que dieron sus homólogos.

¿Y qué tal si se reestructura la deuda y se pide a los bancos tomar una parte de la pérdida?

“Eso es un default. En Grecia lo disfrazaron... Hacer un descuento de la deuda es aceptar que el país no tome las decisiones que tiene que tomar. Y si lo haces (si reestructuras e impones una quita a los bonistas), la credibilidad de Puerto Rico se va sin saber cuándo regresará”, sostuvo Fernández.

Así las cosas, la coyuntura requiere determinación, dijo por su parte, Román Blanco Reinoso, principal oficial ejecutivo de Banco Santander en la Isla.

“Esto (el plan de ajuste) tiene que suceder en las próximas semanas”, dijo Blanco Reinoso. “Hay que mostrar cosas concretas pronto”.

Y ello, según Blanco Reinoso y sus homólogos requerirá un trabajo de equipo y no solo del lado gubernamental, sino del legislativo, del ciudadano y corporativo.

Un puntillazo innecesario

Peter Bessey, principal oficial ejecutivo de Scotiabank Puerto Rico, se mostró confiado en que el Gobierno toma pasos asertivos para superar la coyuntura, pero reconoció que la degradación, afectaría los avances del sector bancario para regresar a la rentabilidad y fortalecer su capital.

Según datos de la ABPR, el sector bancario posee niveles de capitalización mejores –en unos $7,000 millones– que los que experimentaba para el año 2000.

Y con todo y la reducción de millones de dólares en activos tóxicos y el colapso de tres instituciones en el 2010, todavía el 9% de los activos del sector son financiamientos vencidos. La cifra es el doble del indicador en Estados Unidos, aseguró Alemán, al señalar que esa realidad también pone otro escollo para que el sector pueda auxiliar al Gobierno.

“La banca privada estaría limitada en lo que puede hacer para rescatar al Gobierno. Cuando miras los requerimientos de capital hoy versus 10 años atrás, no es factible”.

“Pienso que no vamos a llegar ahí (a la degradación). Hay conciencia y se va a actuar, pero hay que hacerlo con urgencia, y caminando es como se demuestra el compromiso para arreglar al país”.

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