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25 de febrero de 2013
6:21 p.m. Modificado: 9:54 p.m. Política
 

Contundente rechazo de la Cámara a privatización del aeropuerto

En el informe sometido destacan que es previsible un alza en los costos de utilizar el aeropuerto "para todos los consumidores de sus servicios"

 

Por Gerardo Cordero / gerardo.cordero@gfrmedia.com

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes rindió este lunes, un informe de 25 páginas en el que se consigna su rechazo a la propuesta privatización del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde, Carolina.

Entre los hallazgos y conclusiones que se destacan en el documento, debatido por los representantes durante tres horas, es que "no hay garantía alguna de que Aerostar retenga a los empleados federales o privados actuales en el aeropuerto".

"La transacción que nos ocupa carece del indispensable valor de transparencia que debe gozar toda transacción de enajenación o gravamen de un bien que forme parte del patrimonio público", señala el informe sometido por José Varela Fernández, presidente de la comisión cameral de Gobierno.

La representante y expresidenta cameral, Jennifer González, catalogó el informe como un documento "raquítico" que excluyó el sentir de sectores interesados que favorecen la privatización y de prestigiosos economistas como Estudios Técnicos.

González aludió a las contradicciones del gobierno central, al destacar que el gobernador Alejandro García Padilla, así como el director de la Autoridad de los Puertos, Víctor Suárez, apoyan la transacción y cuestionó qué alternativas proponen los opositores de esa transacción para resolver la crisis en puertos.

El representante popular Luis Vega Ramos opinó que el contrato de la privatización es "renegociable y reconstituible" y dijo que la representante González, en su turno de debate, documentó cómo se procedió a "embrollar" a la Autoridad de Puertos para justificar la privatización del aeropuerto e insistió en procurar otras alternativas para atender las deudas millonarias en esa agencia.

El informe de la comisión cameral de Gobierno destacó que es previsible un alza en los costos de utilizar el aeropuerto "para todos los consumidores de sus servicios" y que "no hay garantía alguna de control de precios o tarifas en beneficios del pueblo de Puerto Rico".

Entre los 15 señalamientos principales para justificar la oposición a la privatización, encaminada por la pasada administración del gobernador Luis Fortuño, el informe sostiene que el contrato entre el gobierno y la empresa Aerostar le concede al privatizador "el derecho a evaluar a quienes retendrá sus puestos".

En tal sentido, reconoce los reparos de sindicatos y líderes obreros que han sido los primeros que cuestionaron la iniciativa justificada por sectores que la propulsan como una forma de allegar fondos millonarios al erario, en medio de una aguda crisis fiscal.

El reporte indica también que "los comerciantes puertorriqueños que tienen concesiones en el aeropuerto no tienen garantía alguna de que serán tratados con justicia, en caso de que la transacción se sostenga".

El documento señala que esos trabajadores están inmersos en la incertidumbre y "temen un aumento considerable en las rentas y la importación de inversionistas comerciales a los terminales por parte de Aerostar".

Golpe mortal a los regionales  

Según el informe legislativo, "los aeropuertos recibirán un golpe mortal en sus posibilidades de crecimiento o de búsqueda de internacionalización" y se refieren a una clausula contractual "de no competencia que le ofrece al privatizador control de un monopolio".

El documento, redactado después de la celebración de vistas públicas para recoger el sentir de diversos sectores sobre la privatización del aeropuerto internacional, concluye que la transacción "dejaría a la Autoridad de los Puertos como una instrumentalidad gubernamental sin mayor taller, y sin ingresos para sostener sus operaciones".

Varela Fernández, al resumir parte de las conclusiones del informe en un debate iniciado a las 5:15 p.m., citó algunos de los señalamientos de líderes obreros en vistas de la Comisión de Gobierno, y destacó la posibilidad de contrataciones de extranjeros en las importantes instalaciones portuarias.

El representante popular también se refirió a los reparos de prestigiosos economistas que han considerado que "es un mal negocio para el pueblo de Puerto Rico" y que "limita las oportunidades de negocio a nivel regional y global para el país".

También dijo que los peritos aludieron a un aumento en la desigualdad social, al limitarse empleos y negocios en instalaciones como los aeropuertos regionales.

Varela Fernández recordó que el aeropuerto internacional genera de $60 a 65 millones anuales para el erario y es clave para la operación adecuada de la Autoridad de los Puertos.

El informe resumido por Varela Fernández destaca que "nadie ha podido explicar la razón por la que un monopolio de hecho y propiedad del pueblo de Puerto Rico, como lo es la tenencia del aeropuerto internacional, tenga que pasar a manos privadas para la explotación de sus riquezas".

Consigna que el acuerdo, cuya vigencia depende de la evaluación positiva de la estadounidense Federal Administración de Aviación (FAA), "desprecia la capacidad del Estado para administrar los recursos de atención de sus más básicas necesidades".

"Todavía el pueblo de Puerto Rico tiene la esperanza de que la agencia federal (FAA) entienda la grave consecuencia que tiene esta transacción", argumentó Varela Fernández al defender su informe.

Ese reporte concluye que "serviría a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico que la transacción con Aerostar...no sea avalada, y de ese modo, se disuelva el vínculo o la obligación que de alguna manera se haya trabado entre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la empresa privada".

El informe representa el documento gubernamental más elocuente hasta el momento consignando el repudio a una privatización que, según el gobernador Alejandro García Padilla, no ha sido posible frenar porque quedó acordada por la pasada administración.

Sin embargo, fuentes legislativas de la mayoría consideran que, contrario a la apreciación de García Padilla, han existido avenidas para revertir el acuerdo y, quizás desembolsando una cantidad millonaria para Aerostar, retener las operaciones del aeropuerto internacional .

Defensa enérgica del PNP  

La representante González defendió la privatización y destacó las supuestas contradiciones del gobierno de turno, al plantear que el primer ejecutivo está en los Estados Unidos "defendiendo la medida" y la mayoría en la Cámara, en un segundo calendario, prácticamente en la noche, somete su reporte en contra del acuerdo.

González, portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, cuestionó qué proponen para resolver las crisis en la Autoridad de los Puertos y repudió el informe por entender que el mismo no es contundente, ni profundo y lo consideró un documento "raquítico".

La legisladora rechazó que el reporte sea producto de un estudio extenso y defendió la labor de David Álvarez, directivo de la Autoridad de las Alianzas Públicos Privadas, creada bajo el gobierno de Fortuño.

"Hasta un niño de cuarto grado puede ver los documentos que la Comisión de Gobierno dice que no se presentaron" para validar la privatización del aeropuerto, y destacó la misma como crucial para cubrir el déficit en la Autoridad de los Puertos, agencia que depende de una línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento ascendente a $178.8 millones.

"Si esta transacción no se da quién le va a pagar al BGF", sentenció al recalcar que si la línea de crédito no se paga, si se pierde plenamente la capacidad crediticia el impacto lo sufrirá el consumidor con pasajes más caros y otros daños.

González opinó que el informe negativo "responde a la mezquindad de no reconocer las realidades sobre la crisis fiscal y la necesidad de paliar el déficit en el gobierno y el descrédito de las agencias que evaluan los bonos de Puerto Rico".

Además, citó al gobernador García Padilla, que no impugna la transacción, al referirse a la necesidad de "dar estabilidad al pueblo de Puerto Rico". Por eso, considero un "chantaje político" la expresión de la delegación popular cameral en contra de la privatización.

Asímismo, González enumeró a organismos claves que no fueron consultados por la Comisión de Gobierno al hacer su investigación como la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos, la Coalición del Sector Privado, ni a hoteles o líneas aéreas.

Dijo que se limitaron a escuchar algunos economistas, "pero no invitaron a Estudios Técnicos", por entender que "le descuadraba el libreto" en contra de la privatización. Sostuvo que no invitaron a las vistas a los alcaldes de pueblos donde hay aeropuertos regionales, ni a representantes de los Paradores Puertorriqueños.

Sobre la incomparecencia de Alvarez a la audiencia de la Comsión de Gobierno de la Cámara, González alegó que tanto ese funcionario como el directivo de la Autoridad de los Puertos recibieron órdenes de Jorge Colberg, asesor del Gobernador, para que no comparecieran.

Finalmente auguró menos vuelos internacionales para Puerto Rico y un alza en los impuestos en el aeropuerto Muñoz Marín, si la transacción no se produce y no se resuelve el problema del déficit en la Autoridad de los Puertos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, no obstante, tronó en contra de la propuesta privatización del aeropuerto internacional, que catalogó como "nefasta" y destacó que  "es negativa por más de $800 millones para el pueblo".

Perelló destacó el análisis hechos por economistas como José Alameda y José Antonio Herrero, quienes concluyeron que se trata de un mal negocio para Puerto Rico y criticó a directivos de la pasada administración como el titular de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, David Álvarez, cuya destitución ha reclamado el gobierno popular.

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