Oposición de la Universidad y de la minoría política
Por Daniel Rivera Vargas / end.drivera2@elnuevodia.com
Los pensionados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recibirán tres nuevos bonos, si se convierten en ley tres proyectos aprobados ayer en la Cámara de Representantes.
Las medidas, de la autoría de la presidenta cameral Jenniffer González, buscan obligar a la UPR a pagar a sus pensionados un bono de verano de $100, otro de medicinas de $100 y elevar de $200 a $600 el bono de Navidad. Los proyectos no asignan fondos nuevos para que la UPR pague estos beneficios.
“Eso es una barbaridad”, dijo la representante popular Brenda López, miembro de la Comisión de Educación. “El problema aquí es que con la Ley 7, los fondos que se le quitaron a la Universidad del fondo general, con la crisis brutal que pasa la Universidad, donde se está eliminando hasta el programa Sea Grant. ¿Con qué dinero se van a costear (los bonos)? Lo que hace es agravar más la crisis presupuestaria”, sostuvo la legisladora.
Solo el bono de verano representaría para la UPR un costo de $784,375, mientras que en los otros dos proyectos no se ofrecen cifras. Tampoco se indica el número de pensionados de la UPR.
La institución universitaria, que arrastra un déficit estimado en $50 millones, se opuso a los tres proyectos. “Las razones para no acceder a las solicitudes de mayores beneficios a nuestros pensionados son estrictamente de índole presupuestaria”, expresó la Junta de Síndicos.
La Comisión de Sistemas de Retiro, que preside Lourdes Ramos, avaló los proyectos porque, según la legisladora, lo que se busca es compensar la creación de tres ventanas de retiro que tuvieron un impacto de $60 millones bajo la presidencia de Antonio García Padilla, que se pagaron con fondos del propio sistema de retiro universitario, cuando debieron costearse del presupuesto general de la UPR.
Los bonos se comenzarían a pagar desde el presupuesto 2013-2014. “Estos tres proyectos van encaminados a darles un granito de arena a esos pensionados de la UPR”, agregó Ramos.
La minoría popular se abstuvo. “No es una mala idea, pero no hay los chavos”, dijo su portavoz, Héctor Ferrer.
Los proyectos pasan ahora a la consideración del Senado. La presidenta de la Comisión de Educación de ese cuerpo, Kimmey Raschke, no descartó las medidas, pero dijo que habrá que considerar su “impacto económico”.
entrenamiento a maestros
Por su parte, el Senado aprobó el proyecto 435 de la autoría del popular Antonio Fas Alzamora para obligar a que todos los maestros del sistema público de enseñanza tomen al menos seis créditos de educación contínua cada 5 años.
El proyecto original planteaba que fueran 12 créditos pero Raschkee, quien rindió el informe positivo a favor de la medida, entendió que “es una cantidad excesiva en términos de tiempo y recursos” y lo redujo a la mitad.
