Populares aseguran que el plan de privatización traerá nueva ola de despidos
Por Rebecca Banuchi / rebecca.banuchi@gfrmedia.com
La posibilidad de que miles de empleados públicos sean despedidos resurgió hoy de boca de algunos miembros de la Conferencia Legislativa del Partido Popular Democrático (PPD), quienes afirmaron que, de revalidar el gobernador Luis Fortuño en las elecciones generales, cerca de 30,000 puestos en el gobierno estarían en riesgo de desaparecer.
El representante Jaime Perelló sostuvo que, esta vez, los despidos no se ejecutarían bajo el mandato de una pieza como la Ley 7 de Emergencia Fiscal, sino que ocurrirían como parte de las Alianzas Público Privadas (APP) que supuestamente Fortuño se dispone a impulsar en unas 12 agencias de resultar reelecto el 6 de noviembre.
"Durante los últimos meses, el gobierno ha dejado entrever su intención de continuar con los procesos de privatización que, una vez más, van a atentar contra la clase media y provocar el despido de miles de empleados públicos", indicó Perelló durante una conferencia de prensa en la sede del PPD acompañado de un nutrido grupo de senadores y representantes populares.
"Los procesos de privatización que el gobierno del PNP ha implantado en este cuatrienio son parte de una primera fase de privatización de los servicios e instalaciones gubernamentales, y se proponen privatizar unas 12 agencias adicionales que dejarían en la calle unos 26,375 empleados", añadió el legislador.
Entre las entidades públicas que supuestamente se afectarían con los planes del gobierno de Fortuño, mencionó la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Servicios Médicos, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Administración de Instituciones Juveniles, la Compañía de Fomento Industrial, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
Cuando se le preguntó bajo qué fundamento afirmaba que se establecerían APP en esas agencias y que los empleos peligraban, Perelló respondió que cada una de las agencias o corporaciones públicas ha sido mencionada por miembros de esta administración en conferencias de prensa, entrevistas e incluso en el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) como potenciales focos de ese tipo de alianza.
Planteó también que la ley que rige las APP, bajo la que se han establecido acuerdos con la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Autoridad de los Puertos, establece que la compañía privada que obtenga el contrato no está obligada a reconocer los acuerdos laborales de la entidad gubernamental.
Por su parte, el senador Cirilo Tirado rechazó que la denuncia que hacen hoy sea un mensaje alarmista.
"Alarmista es lo que hay en el programa de gobierno del PNP", aseveró.
