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23 de febrero de 2014
Puerto Rico Hoy
 

“Devastadora” decisión en caso Rosa Lydia Vélez

Jueza determina que los demandantes no pueden reclamar daños como clase

 

Por Mildred Rivera Marrero / mrivera1@elnuevodia.com

Rosa Lydia Vélez presentó la demanda en 1980 para reclamar servicios de educación especial para su hija, Isamar Malaret. (ARCHIVO)

Miles de niños de educación especial y sus padres enfrentan un camino mucho más difícil para lograr que el Estado los compense por los daños sufridos ante la falta de servicios educativos luego de la determinación de la jueza Aileen Navas Auger en el pleito Rosa Lydia Vélez.

La decisión de la jueza del Tribunal Superior a cargo del caso fue emitida el 31 de enero, pero notificada el 12 de febrero. La misma establece que los padres de alumnos de educación especial que quieran reclamar daños y perjuicios por la falta de servicios ante el Estado no pueden hacerlo como clase; cada uno deberá hacerlo de manera individual en el tribunal. Solo le reconoce derecho a reclamar como clase a los demandantes originales, que son Vélez y otros cinco padres, así como otros 58 casos que fueron consolidados.

Ayer, el abogado de los demandantes, José Torres Valentín, anticipó que solicitará una reconsideración ante el tribunal esta semana.

“Esto tiene un efecto devastador porque por más de 20 años se partía del universo de 140,000 personas (en el registro del programa de educación especial). Eso genera un grave perjuicio a la clase porque, si adviene final y firme, resultaría en que los demandantes no son el universo potencial de más de 100,000 y se reduce a 67 o 68 personas, lo que derrota la justicia y el propósito del caso en su origen”, afirmó.

Sobre lo que supone la decisión de Navas Auger para que algunas de esas familias logren finalmente una indemnización para sus hijos, Torres explicó que no lo hace imposible, pero sí mucho más difícil.

“Significa más trabajo porque requiere mayor esfuerzo para contratar peritaje. Puede haber testigos de los años 80 que han fallecido o se han mudado y dificulta más probar el caso, sobre todo para los mayores (que llevan más años reclamando). Podría crear un disloque ante la ausencia de documentos y testigos. Por eso es que nos proponemos solicitar reconsideración esta semana”, declaró el abogado.

A juicio de Torres, la determinación de la jueza revierte la orden que, en el 2005, le dio el Tribunal de Apelaciones al de Primera Instancia.

En aquel momento, ese foro confirmó la determinación de la entonces jueza Sonia Ivette Vélez, que había rechazado certificar como clase a los demandantes del caso para fines de reclamación de daños y perjuicios porque los daños pueden ser distintos en cada niño y el reclamo podría ser individual.

Pero, “instruyó al tribunal a que creara categorías de impedimentos y los casos que no pudiera ver en grupos, por categorías, los viera en forma individual. Eso significaba que se tramitaría en diversas clases, aunque técnicamente no es un pleito de clases”, sostuvo.

“Es la primera vez que se dice que los niños registrados no tenían derecho a reclamar. Todo el tiempo se creía que, aunque no era clase, tendrían una oportunidad de reclamar”, lamentó Torres.

La jueza Navas Auger tomó su determinación luego de que el ahora excomisionado especial del caso, el juez retirado Francisco Rebollo López, presentara un informe, en noviembre del 2013. En el mismo presentó recomendaciones de lo que se debería en el caso, pues tenía la encomienda de evaluar y recomendar el curso de acción. La jueza concurrió con Rebollo López en que los demandantes no tienen que probar negligencia, aunque sí tienen que probar los daños. Pero cambió la recomendación del exjuez al determinar que los demandantes sí deberán probar un nexo causal ¬presentar evidencia de que el daño sufrido por un estudiante de educación especial es producto de la negligencia del Estado¬, además de la decisión sobre la certificación de clase.

La decisión de la jueza provocó la renuncia de Rebollo López el jueves. En su escrito, el exmagistrado indicó que su dimisión se debe a una “honesta diferencia de criterio en cuanto al derecho aplicable en el caso y el procedimiento a seguir con el mismo”.

De inmediato, la Alianza de Autismo y Desórdenes Relacionados sostuvo que la decisión de la jueza “echó a la basura 30 años de lucha de nuestra población. La renuncia del honorable exjuez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Francisco Rebollo López, quien fungía como Comisionado del Tribunal en la fase de daños lo evidencia”.

Mientras, el Comité Timón de Padres de Niños con Impedimentos, quienes dicen representar 144,000 familias, lamentó la salida del exjuez y le reclamó al juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, que no se retire sin hacerles justicia y nombre un sustituto que tenga “claridad mental” y “compromiso de ser justo”.

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