El panorama económico que encontrará quien sea que entre como gobernante el próximo año es lo suficientemente nefasto como para hacer que cualquiera tire la toalla.
No así para nuestros “valientes” candidatos a la gobernación. Ellos todos están en su guerra campal de cara a las elecciones, con promesas de alivios contributivos y de impulsar la economía.
Pero como verán en nuestro artículo de portada, la situación fiscal es tan crítica que, según los economistas entrevistados, para resolverla y correr el País adecuadamente necesitaríamos unos $3,000 millones.
Entre los múltiples agravantes, figura la tesis de que no hay dinero suficiente en el Gobierno para sustentar la mayoría de las promesas de campaña que están realizando los aspirantes a La Fortaleza.
Como si fuera poco, Puerto Rico sigue sumergido en una recesión que se ha prolongado por año y medio. Contamos con una tasa de desempleo que, a mayo de este año, ascendía a 11.4%, según datos de la Junta de Planificación. El valor de los permisos de construcción expedidos para ese mismo mes sólo ascendió a $196.3 millones, una reducción de 30.1% con relación a las cifras del año anterior. Y la lista sigue.
Quien sea que entre como gobernante no podrá resolver la situación de nuestro País como si fuera por arte de magia. Tampoco, entonces, debería prometerlo, ni insultar la inteligencia del pueblo.
El problema es que llevamos décadas de un irresponsable manejo de las finanzas del País. Décadas de gobiernos que han puesto los intereses partidistas por encima del bienestar común.
Quien sea que entre, si realmente quiere lograr restaurar nuestra alicaída economía, tendrá que tomar decisiones no necesariamente para ganar votos o adeptos, sino para enderezar un país plagado de burocracia, riñas políticas y egos que por años han frenado nuestro potencial.
Un país donde los préstamos y las emisiones de bonos han sido utilizados como parches y no como herramientas para invertir y buscar retornos en la inversión.
Un país que ha sido alertado con tiempo por economistas, por académicos, por la casas acreditadoras y por la prensa, entre muchos otros, pero que parece seguir haciendo caso omiso a los augurios de un posible caos económico.
Quien sea que entre como gobernante debe manejar al país NO como político, sino como administrador. Deberá tomar decisiones que no gustarán a muchos, que serán duras para todos y que, definitivamente, podrían tener un costo político.
Irlanda lo hizo en el 1987 con sus ahora famosos acuerdos sociales o social partnerships, en los que el Gobierno, literalmente, se sentó con el sector privado y las uniones, para juntos llegar a una serie de pactos -centrados en la austeridad y con el fin de detener la inflación- que no fueron agradables para nadie a corto plazo. Sin embargo, en cuestión de años, los ubicó como una de las naciones más poderosas en la Unión Europea.
Aún así, esto no quiere decir que Irlanda salió del hoyo y ya no tiene que hacer nada más. En esa nación europea hoy día se habla sobre la preocupación de caer en una recesión. El valor de su mercado de bienes raíces sigue bajando. Su gobierno reportó recientemente que, para julio, los recaudos contributivos se quedaron cortos de las proyecciones por 776 millones de euros. Mientras, el desempleo irlandés durante el mes de julio alcanzó su nivel más alto en nueve años, con una tasa de 5.9%.
Tal vez le llegó la hora a Irlanda de volver a reinventarse como lo hizo en 1987. En el caso de Puerto Rico, creo que hace tiempo nos llegó la hora de romper con la zona de comodidad y aunar fuerzas para sacar el barco a flote.
