10-Mayo-2008 | Enrique Vázquez Quintana

Médico

Subcultura del pillaje

Transparencia Internacional, entidad que evalúa y compara el nivel de corrupción y pillaje en todos los países del mundo, no incluye a Puerto Rico. Desconozco si nos incluyen en la evaluación que hacen a Estados Unidos o si no existimos para ellos por ser una colonia.

Ya en la isla estamos inmunizados y, hasta podría decirse, se condonan los actos de corrupción en que han incurrido nuestros políticos en el pasado reciente. Algunos de ellos están en prisión o cumplieron condenas por robarle al pueblo de Puerto Rico. Como es característico de la colonia, las investigaciones han sido realizadas por el Gobierno federal.

Pero lamentablemente no se trata de los corruptos de los partidos políticos solamente. Hace dos semanas, la prensa reseñó que 10,143 empresarios y varios municipios han retenido las contribuciones a sus empleados y no las han remitido al Departamento de Hacienda. Según la prensa, la cantidad adeudada a Hacienda asciende a $793 millones. El no pagar la contribución retenida a los empleados es un delito grave -apropiación ilegal. Las corporaciones adeudan a Hacienda $953 millones y los individuos le deben $579 millones. Curiosamente, la noticia no dice si los 10,143 patronos y municipios pagaron y remitieron al Internal Revenue Service (IRS) el pago correspondiente al Seguro Social y Medicare. Como el IRS tiene más personal y recursos, es posible que ya haya cobrado, pues en situaciones similares el Gobierno federal tiene precedencia sobre el poder colonial. ¿Será por eso que le temen a los federales? La mayoría de los puertorriqueños, incluso los estadistas, realmente no quieren que Puerto Rico sea un estado por temor a que el IRS los persiga para cobrar sus contribuciones. ¡Que viva la colonia!

Aparentemente el Departamento de Hacienda, como otras tantas agencias del Gobierno local, no puede llevar a cabo sus funciones de forma eficiente. Valdría la pena saber si el Departamento de Justicia puede encausar a 10,143 delincuentes en un tiempo razonable y recobrar los fondos no remitidos que se considera como apropiación ilegal (hurto) y no evasión contributiva.

¿Entrarán en consideraciones partidistas al momento de cobrar?

Recientemente, la directora de la Administración de Servicios de Salud (ASES), Minerva Rivera, indicó que hay 15,000 puertorriqueños que poseen la Tarjeta de Salud del Gobierno y residen en Estados Unidos. ¿Cómo es eso posible? Ello significa que ASES paga a las compañías de salud de la Reforma por 15,000 pacientes que no ocasionarán gastos a esas compañías y que éstas se quedan calladas y se aprovechan de esa ganancia injustificada.

También quiere decir que hay otros 15,000 ciudadanos que se aprovechan de la ineficiencia del sistema.

Igualmente, la directora de ASES señaló que hay varios cientos de veteranos que reciben servicios médicos en el Hospital de Veteranos y que poseen la tarjeta de la Reforma de Salud. ¿Es que necesitan ambos planes porque ninguno les brinda los servicios que requieren? Hay otros mil ciudadanos que no cualifican para la Reforma de Salud y están cubiertos por dicho plan.

El pasado 18 de abril, Miguel Vázquez Deynes, ex presidente de la Triple-S, declaró a El Nuevo Día por segunda vez que hizo aportaciones ilegales a varios políticos durante los pasados dos cuatrienios. Afirmó, además, que todos los políticos han recibido aportaciones ilegales y seguidamente indicó que esos delitos prescribieron, como si eso lo hiciera más honesto y lo exonerara del delito en que incurrió. Vázquez Deynes señaló que le hizo una aportación ilegal de $100,000 a la campaña de la alcaldesa de San Juan, Sila María Calderón, a través de la agencia de publicidad Ileana, Lopito & Howie, lo que pudiera considerarse como lavado de dinero. Esa misma compañía se acogió a inmunidad en la investigación federal que se lleva a cabo contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Los reglamentos de Triple-S no contemplan los donativos ilegales. No me sorprendería si los médicos accionistas de Triple-S, proveedores, pacientes suscritos a ese plan médico, hospitales y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico demandan al ex presidente de Triple-S y a su junta de gobierno por haber permitido esos donativos ilegales y les solicitan la restitución de ese dinero a la Triple-S.

Es incomprensible cómo el país funciona con tantos políticos corruptos, 10,143 empresarios y más de 16,000 ciudadanos que viven al margen de la ley y cuyas acciones se basan en la jaibería y pillaje. Necesitamos gobernantes que se dediquen a reducir la dependencia que tenemos de Estados Unidos, que promuevan la honestidad y mejoría de la autoestima individual y nacional y que trabajen en el desarrollo de una economía robusta con nuestro propio esfuerzo. Si no actuamos en forma concertada, estamos destinados al fracaso como pueblo y el cordero seguirá “ñangotado”.

El filósofo francés del siglo 17, Montesquieu, escribió: “Cada usurpación del gobernante en los dominios de la cosa pública autoriza al individuo a una infracción semejante en su propia esfera. Cada perfidia política engendra una perfidia social. La violencia de lo alto legitima la violencia de abajo”.