10-Mayo-2008 | Editorial de El Nuevo Día

Una propuesta muy peligrosa

El planteamiento del superintendente de la Policía, Pedro Toledo, abogando por la limitación del derecho constitucional a la fianza como panacea contra la violencia criminal, es simple y llanamente peligrosa.

La simplista propuesta del principal jefe de la seguridad del País no merece llegar ni siquiera a “primera base” en la consideración pública, porque no es más que una respuesta desesperada a la explosión del crimen que las autoridades no han podido contener.

En lugar de tanta reacción tras cada secuencia de sangre en nuestras calles, lo que el pueblo demanda es acción y liderato efectivo desde la Superintendencia de la Policía, comenzando por poner en vigor un sensato plan anticrimen, del que tanto se habla, pero del que nada se sabe.

La propuesta de que se eliminen o se limiten derechos civiles para supuestamente atender con éxito un problema de la gravedad como el desenfreno criminal en la Isla, ya de por sí constituye una afrenta a principios constitucionalmente consagrados.

Es clara la Constitución al consignar que todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo de condena o absolutorio y, en todo caso, la detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. Las anteriores disposiciones en la Carta Magna están sabiamente centradas en las prerrogativas y el buen juicio que se espera de los jueces para determinar la peligrosidad o no para la sociedad de los acusados y decidir el monto de cada fianza. De otra parte, afirman la presunción de inocencia para todo acusado, presunción que sería lesionada con la eliminación del derecho absoluto a la fianza.

El establecimiento de sistemas de monitoreo más efectivos junto con los grilletes electrónicos serviría el propósito de asegurar la comparecencia a juicio de acusados potencialmente peligrosos.

La propuesta sugiere que para asegurar el derecho colectivo a vivir con seguridad, el Estado puede trastear con la Constitución para limitar o eliminar derechos ciudadanos.

Ya antes se intentó vulnerar ese derecho a la fianza. En noviembre de 1994, resultado de otra histeria oficial ante el auge delictivo, el País fue consultado sobre la supuesta necesidad de restringirlo. El 63% de los electores hábiles, cifra sin precedente para un referéndum de enmiendas constitucionales, participó en la consulta. El 53.5% se expresó contra la propuesta, aun en medio del sombrío panorama de delincuencia de entonces, bajo una administración de gobierno en la que también el señor Pedro Toledo era el superintendente policial.

De hecho, fue la primera vez en que la opción del “No” triunfó en un referéndum de enmiendas a la Constitución en Puerto Rico. Así de celoso es este pueblo con sus derechos.

Años antes, una propuesta similar había sido legislada y descartada, luego de que el Tribunal Supremo la declarara imperfecta. Si en un arranque de insensatez colectiva se permitiera esa píldora venenosa en nuestra Constitución, no sólo se dispararía una población sumariada que al día de ayer se elevaba a 2,007 confinados, sino que provocaría una grieta en la consistencia democrática de nuestra avanzada carta de derechos.

No se puede jugar con las emociones de un pueblo atribulado por el desenfreno criminal y por la ineficacia integral de los organismos de seguridad.

El País necesita herramientas efectivas y liderato para combatir el crimen, no guillotinas para los derechos.