La construcción de un gasoducto no debe desviar la atención del País de la meta ulterior de reducir al máximo nuestra dependencia en el petróleo mediante la diversificación de fuentes de energía renovables.
C omo suele suceder cada vez que se anuncia la construcción de un proyecto de infraestructura, el comienzo ahora de la construcción del Gasoducto del Sur ha levantado la oposición de grupos ambientales que expresan su intención de paralizar la obra anunciada por primera vez en 2005.
Entre las principales críticas que se hacen al proyecto está que el mismo representa una extraordinaria inversión ($74 millones) y esfuerzo que no resolverá nuestra crisis energética, puesto que el gas natural, como el petróleo, es un combustible fósil y costoso cuya disponibilidad es finita.
En otras palabras, lo que alegan es que el gasoducto, una tubería que llevará gas natural desde la planta Ecoeléctrica en Peñuelas hasta el Sistema de Ciclo Combinado de Aguirre, en Salinas, donde la AEE producirá electricidad con este combustible, mantiene el futuro energético de la Isla “secuestrado” por los importadores de combustibles fósiles.
Pero esta crítica pierde validez si a la construcción del gasoducto el Gobierno le añade otros esfuerzos por integrar combustible de fuentes renovables en la generación de energía. Así, el Gasoducto del Sur, un proyecto que forma parte de un programa de mejoras capitales delineado por la AEE hasta el 2009, no tiene por qué convertirse en otro proyecto de disloque en la vida de los puertorriqueños.
Este proyecto debe verse como uno de transición, en lo que nos movemos al uso de energías renovables como la solar, la eólica (viento) e hidráulica (agua), todas virtualmente inagotables.
Es cierto que, porcentualmente, el gas natural es más caro que los combustibles derivados del petróleo, que utilizan actualmente las centrales de la AEE. Sin embargo, ese costo adicional se cancela debido a su eficiencia porque el gas natural genera más megavatios. Y, como es más limpio, hace que los mantenimientos de las unidades sean menos frecuentes. Esto nada más, según peritos en asuntos energéticos, producirá ahorros de 30% en costos de mantenimiento.
Además, el uso de gas natural tiene un impacto acumulativo positivo porque reduce considerablemente las emisiones nocivas al aire, aminorando los efectos de salud pública y reduciendo a la larga los costos económicos de tratamientos médicos.
Asimismo, se trata de un combustible que ya usamos en la Isla y para el cual ya tenemos en las instalaciones de EcoEléctrica de Guayanilla la infraestructura para llevarlo del estado líquido en que llega en barcazas, a gas. El gasoducto viene a permitir que el transporte de ese combustible se haga de una manera eficiente.
Actualmente, el 73% de la generación eléctrica en Puerto Rico se produce con petróleo; el 13.6% con carbón; el 12.8 con gas natural y el 0.6% con turbinas hidroeléctricas. Con el gasoducto, el uso del petróleo debe bajar a un 48.5% mientras, el gas natural aumentará a un 48.5%. Si lo anterior se toma en consideración, el gas natural resultaría en una alternativa beneficiosa desde el punto de vista económico y ambiental.
Esto de por sí es un adelanto, pero no la meta final. Nuestra dependencia en el petróleo no se va a reducir únicamente con una tubería. Puerto Rico tiene que explorar con determinación la diversificación energética e impulsar proyectos que abran la posibilidad de abaratamiento de costos, en momentos en que no se proyecta tregua en la crisis petrolera mundial.