17-Julio-2008 | Editorial de El Nuevo Día

Entuertos que hay que enderezar

La errada recomendación inicial del ministerio público de no radicar cargos contra varios policías municipales por la muerte de un civil, levanta serias interrogantes sobre cómo se están conduciendo las investigaciones en el Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado.

El secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, debe hacer un minucioso análisis de qué está sucediendo en la Oficina del Fiscal General, ya que no es la primera vez que trasciende que esa división descarta presentar cargos contra imputados de delitos y lo hace sólo luego de que su contraparte en la esfera federal sí los radica.

El caso más reciente es el de José A. Rivera Robles, presuntamente muerto a consecuencia de una golpiza que le propinaron policías municipales durante una intervención en julio de 2003.

La semana pasada, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a cinco policías en la comandancia de la Policía Municipal de San Juan y un ex agente por la muerte de Rivera Robles. Cinco días más tarde el Departamento de Justicia también presentó acusaciones contra estos agentes en la esfera local, a pocas fechas de que prescribieran los cargos.

Preocupa que con esta acción el Departamento de Justicia una vez más abone a perpetuar la percepción ciudadana de que si no es por Fiscalía federal los delitos en Puerto Rico quedarían impunes, lo que algunos llaman la “federalización” de la justicia en Puerto Rico.

Pero también consterna la revelación de que inicialmente el ministerio público había descartado por completo radicar las acusaciones contra los policías municipales porque supuestamente no había suficiente prueba de que éstos lo hubieran agredido, a pesar de que un informe de autopsia indicaba que la víctima tenía 30 golpes repartidos por su cuerpo.

Por esta determinación, delitos tales como negligencia en el cumplimiento del deber, agresión menos grave y homicidio involuntario se hubiesen podido radicar en contra de los agentes involucrados en el arresto y muerte de Rivera Robles, pero éstos prescribieron al año de los hechos.

Ante la revelación de un memorando del fiscal investigador que atendió el caso desde sus inicios, Luis Barreto Altieri, a sus superiores recomendando que se archivara el caso porque que no había evidencia, tenemos que preguntar ¿qué factores están incidiendo en la capacidad investigativa de la división de fiscales para provocar una determinación tan errada como esta?

Ante la notoriedad del caso de Rivera Robles, Sánchez Ramos insistió en la radicación de cargos pero, ¿cuántos casos menos destacados se habrán archivado a la ligera sin que las víctimas o sus familiares recibieran la reivindicación judicial que merecen?

Sabemos que no faltará quien ofrezca como excusa de las fallas del proceso investigativo del Departamento de Justicia la carga de trabajo que manejan los fiscales. Nosotros estamos conscientes de que esto ciertamente pudiera ser un factor. Pero, como hemos señalado tantas otras veces en este foro, no podemos seguir conformándonos con esta salida fácil.

El secretario de Justicia tiene el deber de restablecer la confianza del pueblo en su sistema de justicia y puede empezar a hacerlo con una rigurosa revisión de los recursos humanos con los que cuenta para llevar casos ante los tribunales, así como en el proceso investigativo de los casos pendientes. Es hora de enderezar los entuertos que laceran las investigaciones del Departamento de Justicia.